La Oficina Antifrau de Catalunya ha remitido a la Agencia Tributaria la investigación que abrió a raíz del contrato que la Generalitat adjudicó a la empresa Basic Devices, SL, para el suministro de mascarillas, trajes de protección y respiradores, atendido el "riesgo tributario" que se ha inferido al respecto. Es decir, que la aplicación del IVA podría no ser del todo correcto. En un comunicado, difundido esta tarde, Antifrau indica que ha tomado esta decisión después de haber valorado las alegaciones del Instituto Català de la Salut (ICS) y del Departament de Economía y Hacienda. Además, Antifrau se reafirma en qué el 20 de marzo de 2020, cuando se ordenó el pago anticipado de 35.000.000 euros a Basic Devices,SL "no había cobertura legal para hacerlo".
Antifrau, dirigida por Miguel Ángel Gimeno, manifiesta que en el informe "ha tenido en cuenta la situación de extrema necesidad de aprovisionamiento de material sanitario de protección personal en los momentos iniciales de la pandemia". Con todo, reitera: "Con respecto a la falta de información relativa al origen y a los contactos preliminares al encargo de emergencia con la empresa Basic Devices, SL, las respuestas analizadas no aportan ninguna información adicional o complementaria sobre los motivos que llevaron al ICS a seleccionar a esta empresa." Añade que "estas carencias informativas iniciales desactivaron cualquier mecanismo de prevención, detección y solución de conflictos de interés o de lucha contra la corrupción. Antifrau también indica que "resulta incontrovertible que Basic Devices, SL tenía una actividad económica residual y que no disponía de ninguna persona trabajadora en el momento de ser contratada.
Irregularidades
Antifrau expone que el 23 de abril de 2020 entró en vigor una modificación de naturaleza tributaria que establecía aplicar el tipo del cero por ciento del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a las entregas de bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias, siempre que sus destinatarios fueran entidades de derecho público, clínicas o centros hospitalarios o entidades privadas de carácter social. En el caso de Basic Devices, indica que aunque el abono del precio, con el IVA soportado correspondiente, se realizó en fecha anterior al de la entrada en vigor de normativa mencionada, "lo cierto es que se entregó al ICS material sanitario importado hasta mayo del 2020". Por todo eso, Antifrau considera que se ha inferido "un riesgo tributario" y que se pone en conocimiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) por si considera que la operación examinada puede ser objeto de su actuación.
En el comunicado, Antifrau asegura que insta en el Departament de Economía y Hacienda y al ICS que "valoren y verifiquen el alcance, la repercusión y los efectos de la aplicación de la normativa tributaria y aduanera en la operación con Basic Devices, SL," que en el momento de ejecución del contrato se modificó.
Compras
Esta investigación arrancó el 9 de abril de 2020, cuando el director de la Oficina Antifrau ordenó el inicio de una actuación de análisis sobre presuntas irregularidades en la cadena de distribución y venta de productos sanitarios esenciales. Esta actuación se instó por iniciativa propia, "ante el incremento de riesgo de corrupción" que comportaba la situación de estado de alarma sanitaria, conjuntamente con la generalización de la tramitación de emergencia de compras por parte de las administraciones públicas catalanas.
Se añade que en el marco de aquella actuación se hizo una investigación sistemática de anuncios de compra pública de mascarillas. De resultas de la investigación, se identificó la compra masiva de material sanitario por parte del Instituto Català de la Salut (ICS) por un importe inicial de más de 60 millones de euros a la empresa Basic Devices, SL, la cual se habría presentado como intermediaria del mercado chino. En aquellas fechas y vinculado a esta compra, varios medios de comunicación hicieron público que el Govern había presentado una denuncia delante de los Mossos por una posible estafa. De hecho, según se recogía en los medios de comunicación, la entidad financiera encargada de efectuar los pagos alertó de la posible estafa por parte de aquella mercantil. Ahora, acabada la información, Antifrau da traslado a Hacienda para que compruebe si toda la operación es correcta. Días después de la alerta de Antifraude, el conseller de Salud, Josep Maria Argimon, afirmó que "todas las personas implicadas en este gasto eran conscientes de que se trataba de una operación de mucho riesgo".
La semana pasada, Miguel Ángel Gimeno alertó en el Parlament de "falta de control político" con respecto a la contracción pública.