La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) ha recibido un total de 827 denuncias el año 2023, cifra nuevamente récord desde que se puso en funcionamiento la institución, y que supera en 273 las denuncias registradas el año 2022, según la memoria del organismo, entregada este lunes al Parlament de Catalunya. Antifraude, dirigida por Miguel Ángel Gimeno, afirma que este nuevo incremento "es un indicador de la confianza de los ciudadanos en la institución". De este total, han superado el análisis de verosimilitud 779 expedientes, de los cuales el 11% se han iniciado actuaciones de investigación, pero el 42% de los casos (327) se han archivado porque no se ha encontrado una infracción, aunque "en el 48% de los casos se han detectado irregularidades de naturaleza no corruptiva" que han sido comunicadas a las entidades responsables para que las revisen y reparen. ¿Por qué? Antifraude tiene una instrucción desde 2021 que ordena archivar todas las denuncias aunque haya sospechas de funcionamiento irregular si "del hecho denunciado no se aprecia, indiciariamente, un elemento o indicador de corrupción, ni se puede inferir un riesgo superior al habitual propio e intrínseco a la gestión de la cosa pública y a la toma de decisiones sobre recursos públicos". Con respecto al 47% restante de las denuncias han sido enviadas a los órganos o instituciones competentes, en cumplimiento de la Ley 3/2023, de medidas fiscales y financieras del sector público, que convierte Antifraude en el canal externo de información.
Del total de denuncias recibidas, la mayoría hacen referencia a ayuntamientos (294 casos), seguido por entidades o empresas privadas (261); la Generalitat (198 casos); otras entidades o administraciones (43); universidades (16), consejos comarcales (9) y diputaciones (6). En este sentido, Antifraude recuerda que el presupuesto público del ámbito local (14. 000 millones de euros) representa, aproximadamente, un 21% del total del presupuesto público de Catalunya. El 79% restante es, fundamentalmente, presupuesto de la Generalitat de Catalunya y su sector público (51,6 mil millones de euros). La entidad precisa que las irregularidades detectadas en las investigaciones han sido vinculadas principalmente en materia de contratación pública, seguidas de cuestiones referidas a función pública, asuntos relacionados con el conflicto de interés e incompatibilidades relacionados con urbanismo y, finalmente, expedientes relacionados con subvenciones y también transparencia y buen gobierno
22 informadores protegidos
Aparte de las denuncias, Antifraude sostiene que se ha centrado en su nueva función de autoridad protectora de personas que denuncian corrupción e infracciones del Derecho de la Unión, con la entrada en vigor de la Ley 2/2023. Detalla que ha recibido 28 peticiones de protección y se han incoado 23 expedientes de protección de personas denunciantes. Y, de las 36 peticiones de protección acumuladas en el periodo 2018-2023: 22 se ha otorgado la condición de persona protegida, 13 no se ha otorgado y 1 se ha inadmitido. Uno de estos casos es una trabajadora del Ayuntamiento de Mataró que fue despedida por el consistorio, cuando ya era protegida por Antifraude, que anunció hace meses que ha abierto un expediente sancionador a este ayuntamiento por incumplir su orden. La normativa de los informadores permite a Antifraude sancionar, hecho que no se ha ejecutado hasta ahora. Hay informadores, como la de Mataró, que denuncian que no se sienten lo suficientemente protegidos.
El proyecto Hard Rock, a análisis
En el ámbito de la investigación, Antifraude detalla que el año pasado ha concluido 84 actuaciones de investigación y se han elaborado 6 informes técnicos de cooperación con otras instituciones, básicamente para juzgados y para la Fiscalía. En estas actuaciones, Antifraude "insta a las entidades concernidas que, en el ejercicio de sus funciones de control y fiscalización interna de la gestión económica, financiera y presupuestaria, investiguen e inspeccionen los posibles casos de uso o destino irregular de fondo públicos". Si se ven indicios delictivos se deriva el caso a la Fiscalía, a quien enviaron 6 casos el año pasado (2 menos que el 2022). En este sentido, Antifraude informa de que durante el año de 2023 se han adoptado 65 medidas recomendadas por la institución por las diferentes entidades afectadas y autoridades competentes.
Por ejemplo, a consecuencia de un informe razonado emitido por Antifraude, el Departament de Empresa y Trabajo ha incoado un expediente disciplinario a un director de Servicios Territoriales por incumplimiento de la normativa de incompatibilidades. Antifraude también hace constar que a raíz de la comunicación que envió el 2021 a la Sindicatura de Cuentas de Catalunya, sobre presuntas irregularidades denunciadas relativas a la operación de compraventa de terrenos que el INCASÒL tenía que llevar a cabo por orden del Govern, dentro del proyecto Hard Rock Entertainment World o BCN World, de Vila-seca y Salou, la sindicatura ha incluido esta operación en el informe de fiscalización 4/2023, relativo al Institut Català del Sòl.
Del total de actuaciones, Antifraude ha archivado 26 actuaciones de las cuales se afirma que "no se han podido acreditar evidencias o indicios de uso o destino ilegal de fondo públicos o cualquier otro aprovechamiento irregular derivado de conductas que comporten conflicto de interés o uso en beneficio privado de informaciones derivadas de las funciones propias del personal al servicio del sector público, ni disfunciones o prácticas susceptibles de mejora".
La mayoría de denuncias, anónimas
Con respecto a las personas denunciantes, Antifraude precisa que aumentan las denuncias en el buzón anónimo (560 casos), seguimiento por personas particulares (160); representantes de grupos políticos (41); personal funcionario o trabajadores públicos (31); por personas anónimas, pero no a través del buzón anónimo de denuncias (19); sindicatos (13) y 3 como expedientes de análisis de verosimilitud que se han incoado a iniciativa de la institución.
Antifraude informa que los partidos políticos "únicamente" ha presentado 41 denuncias el año 2023. En concreto: 20 han sido presentadas por representantes de grupos independientes de ámbito local; 8 por representantes de ERC; 5 por la CUP; 4 por el PSC; 2 por Ciudadanos, y Comunes y Vox han presentado una cada uno. En 40 de las 41 denuncias el ente denunciado era del ámbito local.
En la foto principal, el director de Antifraude, Miguel Ángel Gimeno, en una comparecencia en el Parlament. / Foto: ACN/ Arxiu