Hace doce meses fueron recibidos en el puerto de Valencia por un dispositivo humano y logístico sin precedentes; un año después, 480 de los 629 inmigrantes del Aquarius, 61 de ellos menores no acompañados, intentan continuar con su vida en 14 comunidades autónomas, 15 de los cuales en Catalunya -12 en Barcelona y 3 en Girona- y otros 80 en Francia.

Mientras tanto, los 69 restantes renunciaron o abandonaron el programa de protección del sistema nacional de acogida e integración, según los últimos datos facilitados a Efe por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Los que llegaron aquel 17 de junio del 2018 a Valencia después de la decisión del Gobierno de darles la acogida que a Italia y Malta les negó al cerrarles sus puertos fueron 629 personas de 25 países, 73 de ellas MENAs (menores no acompañados) y diez menores más con sus familias. La gran mayoría, 545, eran hombres, y 84 mujeres.

Permiso de 45 días

A todos se les concedió un permiso de estancia extraordinario de 45 días por razones humanitarias y se les garantizó la posibilidad de solicitar asilo, pero casi la mitad, un total de 300, manifestaron su voluntad de pedirlo en Francia, país que acabó aceptando el traslado de 80.

En España, teniendo en cuenta las cifras proporcionadas por el Ministerio del Interior, han formalizado su solicitud de protección internacional 371 de los rescatados, que han sido admitidas a trámite y están en procés de instrucción.

Ha sido el caso de un grupo de 30 inmigrantes atendidos por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la mayoría mujeres nigerianas en situación vulnerable, - muchas víctimas de violencias sexuales -, y que están esperando la resolución de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), comenta a Efe Paloma Favieres, directora de Políticas y Campañas de esta organización.

Para la abogada, "no tendría sentido ni sería coherente ni sostenible" que se los denegara cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez "dio aquel paso de acogerlos y darlos un tratamiento diferente" que en el resto de inmigrantes que llegan a nuestro país.

Y eso aunque algunos de ellos, y también los 60 rescatados a duras penas unos días después por el barco de Open Arms para los que el permiso de residencia otorgado fue de 30 días y no 45, "no cumplen con alguno de los cinco motivos de persecución" contemplados en la Convención de Ginebra para darles el estatuto de refugiados.

Sin respuestas

"Hay que darles otro tipo de respuesta, cualquier tipo de protección, si no es el estatuto de refugiado, otro por razones humanitarias," sostiene Favieres, que explica que "la ley no define lo que son razones humanitarias y queda a la discrecionalidad de las autoridades, pero también fue discrecional la decisión del Gobierno, que fue valiente en aquel momento".

Los inmigrantes que esperan la resolución de su solicitud de asilo tienen derecho a permanecer en España hasta que se resuelva, a menos que sean reclamados por otro país de la Unión Europea o de un Tribunal Penal Internacional.

Si es positiva, se abrirá un periodo de integración de entre 6 y 18 meses en el que permanecerán acompañados por una ONG.

De lo contrario, la autorización de estancia legal de los que tengan una resolución desfavorable o los que no reclamaron asilo expira, por lo cual la Policía Nacional puede iniciar los trámites para expulsión contemplados en la Ley de Extranjería y que, en algunas ocasiones, incluye el ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) hasta que son deportados.