No tan rápido. Un día después de que la Conselleria de Salut balear se desentendiera de una denuncia por catalanofobia a la sanidad pública, el Govern isleño ha decidido mantener abierto el expediente sobre la discriminación lingüística que tuvo lugar en un centro de salud de Palma.
De esta manera, el ejecutivo de Francina Armengol ha obligado al Servei de Salut de les Illes Balears (IBSalut) a seguir investigando un polémico caso de catalanofobia que se había cerrado demasiado pronto. "El caso no se puede dar por resuelto sin tratar el motivo que origina la reclamación, que es el hecho de que un paciente haya tenido que renunciar al derecho de expresarse en catalán para recibir atención sanitaria", ha explicado el Govern en una nota de prensa.
Tensión lingüística en el Govern
El hecho de que el IBSalut cerrara tan pronto el expediente sobre la discriminación molestó mucho tanto a la Oficina de Drets Lingüístics como a la Direcció General de Política Lingüística, que han exigido una nueva intervención por parte del ejecutivo balear. Ahora, el Govern ha hecho un llamamiento a que ambos órganos se coordinen "con respecto a las cuestiones lingüísticas en el ámbito sanitario, y en especial con respecto a los derechos lingüísticos".
Esta tensión entre diferentes departamentos del ejecutivo no es nueva. La cuestión lingüística está afectando a las relaciones entre varios órganos y partidos, sobre todo por la forma en que Salut menosprecia los casos de catalanofobia. Todo empezó cuando el pasado 30 de agosto un usuario de Twitter denunció una discriminación lingüística: "Hoy mi madre ha ido al médico, al CAP de Son Pisà de Palma y la médico se ha negado a entenderla en catalán".
El IBSalut se desentendió de esta cuestión, algo que hizo saltar las alarmas dentro del Govern balear hasta el punto que Més forzó una reunión de urgencia entre los partidos del ejecutivo para abordar las diferencias entre la Direcció General de Política Lingüística y el Servicio de Salud. De esta reunión entre los soberanistas, el PSIB y Unidas Podemos surgió la última gran decisión del ejecutivo balear: expedientar los sanitarios que se nieguen a atender en catalán.
Ahora el Govern ha vuelto a intervenir, después de que Salut haya cerrado demasiado pronto el expediente sobre la mencionada discriminación lingüística de Son Pisà. Así, el ejecutivo asegura que "está recopilando toda la información y haciendo los trámites necesarios para garantizar que se respeta la normativa". "Desde el Gover de las Illes Balears se seguirá trabajando para que los ciudadanos puedan ejercer todos sus derechos y para mejorar la atención asistencial, que no se puede dar sin una buena comunicación entre paciente y profesional sanitario," han añadido.
Salut se desentiende de la catalanofobia
Cuando este famoso caso de catalanofobia estalló, la Conselleria de Salut humilló públicamente a las víctimas de discriminación lingüística cuando declaró en un periódico que "se llevan a cabo más de diez millones de actos médicos con interrelación entre profesional y paciente al año y que las 58 denuncias registradas delante de la Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics suponen solo el 0,00058% de estas interrelaciones". Delante de eso, hay que recordar que el 40% de las denuncias que recibe la Oficina de Drets Lingüístics afectan a la sanidad.
Finalmente, también es necesario mencionar que estuvo a raíz de este caso cuando vivimos el momento en el cual una periodista dejó en evidencia al líder de Vox de las islas, Jorge Campos. "Le pregunto si usted es consciente de que la declaración que acaba de hacer es mentira. No se expedienta ningún médico para no hablar catalán, lo que pasa es que se abre un expediente administrativo a los médicos que se niegan a atender pacientes que se explican en catalán y a los cuales el médico puede responder en el idioma cooficial que encuentre conveniente, como puede ser el catalán o el castellano," fueron las palabras que utilizó a Maria Llull para aleccionar el dirigente de ultraderecha.
Imagen principal: Enfermeras de una UCI / Carlos Baglietto