El Govern de la Generalitat, conjuntamente con las alcaldesas de Barcelona, Ada Colau; l'Hospitalet, Núria Marín; Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón, y Badalona, Dolors Sabaté y representantes de entidades sociales participan desde las cinco de la tarde en la cumbre por los derechos sociales convocada en el Palau de la Generalitat, en respuesta a la decisión del Consejo de Ministros de pedir al TC la suspensión de una parte de la ley de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y la pobreza energética.
A la reunión participan entre otros la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Associació Catalana de Municipis y la Federació de Municipis de Catalunya, así como la Taula del Tercer Sector. En total, una cuarentena de personas.
Este mismo mediodía, la portavoz del Govern, Neus Munté, ha señalado que la cumbre servirá para responder a la suspensión parcial de la ley de pobreza energética y “proteger a las personas más vulnerables” con la intención de articular una respuesta de país ante la suspensión parcial, en especial con respecto al derecho de la vivienda.
De hecho, el Govern ha preparado una serie de medidas concretas que planteará en una cumbre que “quiere encontrar la fórmula para aplicar lo que el TC” ha “suspendido”.
Alternatives a debate
El Govern ha preparado un paquete de medidas concretas que planteará en esta cumbre que "quiere encontrar la fórmula para aplicar lo que el TC ha suspendido”.
"Estamos dispuestos a utilizar a nuestros 62 diputados para, si hace falta, volver a aprobar las medidas legislativas que hagan falta para que, aquello que aprobamos por unanimidad en el Parlament, pueda volver a tener una base jurídica", ha dicho el presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, Jordi Turull, antes de empezar la reunión. Una propuesta que la CUP ya ha avanzado esta mañana que no comparte: "no debemos volver a redactar una ley que ya está hecha y aprobada por unanimidad en el Parlament", ha afirmado Bernat Salellas.