Nueva resolución. La Audiencia de Barcelona ha dado parcialmente la razón a la empresa minera Iberpotah —de la multinacional ICL Iberia— pero le recuerda que tiene que cumplir la recuperación medioambiental de la zona contaminada por exceso de escombros y lixiviados salinos de las minas de Súria y Sallent, tal como ordenó a la jueza del Penal 1 de Manresa en el 2014; y también le insta para que fije la fecha de inicio y un calendario de los trabajos de la retirada de los salinos. En aquella resolución, se condenó a tres empresarios y a la empresa por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, a dos años de prisión y a costear la recuperación del agua de la zona, castigo del cual solo se rebajó la pena de prisión, a cinco meses, en el 2016. Iberpotash presentó el primer plan de recuperación en el 2017, ampliado en el 2020 por ICL Iberia. La jueza, en enero de 2022, con la asesoría de un perito judicial, consideró que era insuficiente e instó a la multinacional a presentar un plan "ampliado" de recuperación ambiental y la retirada de los escombros salino al descubiertos sobre los terrenos no permeabilizados en las zonas de Cabanases, Fusteret, Súria, Botjosa, Cogulló y Sallent.

Ahora, la Audiencia de Barcelona, en una resolución del marzo pasado, a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat, ha dado parcialmente la razón a los condenados en el hecho de que el juzgado de Manresa acordó que un técnico del Departamento de Territorio y otro de la Agencia Catalana del Agua (ACA) revisen y validen o no el nuevo plan de la empresa. Una medida que puede retrasar nuevamente el inicio de la retirada de los escombros.

Mayor brevedad

En concreto, la sección 3.ª de la Audiencia de Barcelona ha dictado que se entregue el plan de ejecución de Iberpotash al técnico que se designe de la Generalitat y que "en la mayor brevedad" informe sobre la adecuación del mismo para cumplir la sentencia. Además, precisa que la empresa "tiene que dar cumplimiento a todos los aspectos contemplados por el perito judicial, incluyendo los plazos de ejecución". Y después de los informes de la Generalitat y del ACA se resolverá sobre la aprobación del plan de recuperación.

Una recuperación no garantizada

Siete años después de la condena, la empresa Iberpotash ha realizado controles del agua de pozos de la zona, pero no ha iniciado la retirada de la escombrera de la mina, acumulada en terrenos no permeabilizados, como exige la sentencia, han insistido en manifestar en sus escritos el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Antoni Pelegrín, y acusaciones populares y particulares afectadas, como el colectivo ecologista L'Alzina, con el abogado Climent Fernández Forner. "Reclamamos que la ejecución no se demore más; la sentencia es clara", afirma Fernández a ElNacional.cat.

La empresa todavía no ha presentado un calendario claro de inicio y finalización de las actuaciones a fin de que los pozos de agua sean recuperados, ya que ahora no sirven ni para dar de beber el ganado. La solución es la retirada de la escombrera, insisten. Los condenados depositaron en el juzgado 12 millones de euros como fianza por los daños causados en la zona, pero todavía no se ha cuantificado su coste real, ni está garantizado, denuncia al abogado Fernández, tal como ha recogido insistentemente en sus escritos en el juzgado.

La orden del tribunal

Rafael Eduardo Sánchez, Antonio Luis Sánchez y José Ramon Membrillera fueron condenados de forma solidaria con Iberpotash en concepto de responsabilidad civil a costear la recuperación de los pozos y fuentes particulares de la zona afectada y al Ayuntamiento de Santpedor, titular de la fuente Grant. En el procedimiento de ejecución de la sentencia se han presentado particulares de las zonas afectadas.

 

En la imagen principal, la montaña de escombrera salina de El Cogulló, en Sallent. / Foto: ACN