La Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) se ha pronunciado contra el decreto del Gobierno que regula los vehículos de alquiler con conductor (VTC). A su entender apoya a un sector, el del taxi, supone la "introducción de ineficiencias artificiales e injustificadas" y obstaculizan "gravemente" el funcionamiento de los mecanismos competitivos.

La Autoritat ya se había pronunciado anteriormente en contra de limitar la actividad de los VTC, en la línea de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. En su informe, la ACCO pide a los partidos que no convaliden la norma en el Parlament.

El decreto ley establece una precontractació mínima de 15 minutos, el retorno a la base después de cada servicio y prohíbe el uso de la geolocalización. Al informe, el ACCO considera que la normativa profundiza en la "dualidad regulatoria" y en la discriminación entre dos servicios "materialmente idénticos" para debilitar la presión que ejercen empresas como Uber y Cabify, que operan con autorizaciones VTC, respecto al sector del taxi, "tradicionalmente preservado de la competencia".

Perjuicio para los usuarios

El informe asegura que el decreto ley 4/2019 supone "un perjuicio inmediato por los usuarios" a quienes "impide" de beneficiarse de innovaciones tecnológicas que han aplicado los VTC, muchos de los cuales utilizan aplicaciones de smartphones para contratar su servicio. Por el ACCO, vehículos de alquiler con conductor son una alternativa de movilidad "muy eficiente y satisfactoria desde el punto de visto del usuario".

 

 

En este sentido, la Autoritat en materia de competencia avisa que la disminución de oferta en el transporte de viajeros a través de una reserva, incentivará la contratación a mano altura reservada a los taxistas, la "más ineficiente" económicamente y medioambiental.

Petición

En el escrito, la ACCO reprocha la actuación de los poderes públicos a quienes pide que propicio uno en torno a mercado que posibilite la existencia de ambos sectores, reconociendo derechos y obligaciones equivalentes a los operadores de forma que las limitaciones legales para operar respeten la proporcionalidad, la no discriminación y la mínima distorsión de la economía.

En opinión de la ACCO, normas como el decreto del Govern causará incrementos de precio y una reducción de la calidad del servicio.