El Ayuntamiento de Barcelona ha expropiado el usufructo de un piso en el barrio del Besòs del BBVA durante 10 años porque ha podido acreditar que lo ha tenido vacío durante más de dos años. La entidad ha presentado un recurso, pero este no paraliza la expropiación. Además, también ha iniciado un procedimiento sancionador contra un gran tenedor por no haber ofrecido un alquiler social antes de iniciar un proceso de desahucio en el Raval. En el primer caso, el consistorio tiene siete posibles expropiaciones más en trámite. En el segundo, tiene unos 300 expedientes que pueden ser susceptibles de haber incumplido la Ley 24/2015 por no ofrecer alquileres sociales a familias en situación de vulnerabilidad. El Ayuntamiento ha recogido en sanciones 165.000 euros pero tiene un volumen importante en trámite.

La concejala Lucía Martín se ha estrenado ante la prensa en el Ayuntamiento de Barcelona para presentar dos actuaciones de la unidad de disciplina de vivienda del consistorio, que ha podido actuar por la vigencia de dos leyes que habían sido suspendidas por el Tribunal Constitucional: la Ley 4/2016 de Medidas de protección del derecho a la vivienda para personas en riesgo de exclusión social y la Ley 24/2015.

En base a la primera ley se ha completado el expediente de expropiación del usufructo de un piso del BBVA en el barrio del Besòs, que pasará a incorporarse al parque municipal durante diez años. Se han pagado 10.000 euros a la entidad, que ha presentado recurso. En el momento de la suspensión de la ley, el Ayuntamiento tenía 16 expedientes abiertos, pero quedaron parados. De estos, ahora ha podido recuperar 7 que corresponden a viviendas vacías de CaixaBank, la Sareb, el BBVA y Bankia.

Para acreditar que un piso ha estado vacío durante más de dos años, el consistorio comprueba si está inscrito en el registro, pide los consumos de agua, y analiza si hay empadronamiento. Finalmente hace también una inspección. Desde el Ayuntamiento admiten que lo más complicado es acreditar que el piso ha estado vacío de forma ininterrumpida durante este tiempo. Esta expropiación comporta también la apertura de un expediente sancionador.

Por otra parte, aplicando la Ley 24/2015, el consistorio ha iniciado otro procedimiento para multar con una sanción que puede llegar a los 90.000 euros a un gran tenedor que no hizo una oferta de alquiler social antes de ordenar un desahucio. En este caso se trata de un piso en el Raval. Lucía Martín apunta que esta es la primera sanción en Catalunya por este motivo. Hay 300 casos abiertos similares y ahora el consistorio está vigilando qué acaban haciendo los grandes tenedores.

Martín ha asegurado que el objetivo no es recaudatorio, sino intentar cambiar la manera de funcionar de los bancos y los grandes tenedores. El Ayuntamiento ha cobrado unos 165.000 euros en sanciones, pero el potencial en trámite es muy superior. Hay un millar de viviendas vacías inscritas en el registro.

La concejala ha reivindicado la tarea empezada en el anterior mandato en materia de vivienda, que supone un "punto de inflexión" en las políticas que se habían aplicado desde el Ayuntamiento. Martín ha defendido que la administración acompañe la lucha ciudadana contra los abusos y el acoso.