La polémica continúa en torno al autobús de Hazte Oír que este viernes tenía que empezar en Pallejà una gira por Catalunya. El Ayuntamiento del Baix Llobregat ha dejado claro que no ha autorizado el acto que la asociación de Hazte Oír tenía previsto hacer en el municipio ya que el acto incumplía la ordenanza de convivencia y además de ir en contra de la libertad sexual de los individuos. La Generalitat también se mostró contraria a la circulación del autobús y ha avisado de que si el autobús entraba en Catalunya le abriría un expediente. Ahora es el turno del Ayuntamiento de Barcelona que estudia la manera de impedir la circulación del autobús por la capital catalana.

El Ayuntamiento ha pedido un informe a sus servicios jurídicos para estudiar si puede parar el bus de Hazte oír de acuerdo con la ordenanza de paisaje urbano y de ley de publicidad, si es que finalmente acaba llegando a la ciudad. "Si entran a la ciudad la voluntad es requerirlos para que desistan de hacer esta publicidad que puede atentar contra la dignidad de los niños y niñas de la ciudad, y si se negasen lo podríamos llegar a inmovilizar", ha apuntado el teniente de alcaldía de Derechos de Ciudadanía, Jaume Asens, en rueda de prensa, donde al mismo tiempo ha reconocido que "es más difícil e incluso puede ser imposible" actuar penalmente con el cambio de rotulación que ha hecho la entidad. El Ayuntamiento ya se ha puesto en contacto con la Generalitat, y esta le ha transmitido que se estaba coordinando con Fiscalía.

El PSC reclama que se declare Hazte Oír "non grata" 

El PSC de Barcelona también se ha posicionado contrario a la llegada del bus en Barcelona. En un comunicado el grupo municipal ha reclamado que la ciudad declare "non grata" la asociación Hazte Oír ante la previsión de que el autobús llegue este viernes a Barcelona.

Jaume Collboni, presidente del PSC de Barcelona y segundo teniente de alcalde en el Ayuntamiento, ha asegurado que Barcelona no es un sitio para actitudes y entidades transfóbicas y que "el autobús del odio y la intolerancia repugna a los barceloneses".

Los socialistas exigen que el Estado retire el estatus de Entidad de Utilidad pública a la asociación, ya que consideran que la campaña es una "vulneración grave" del código penal en materia de delitos de odio y de la ley 11/2014 contra la LGTBIfobia aprobada por el Parlamento y que fomenta la discriminación, la estigmatización de los menores transgénero e incita a la violencia hacia el colectivo LGTBI.