El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado dos informes contradictorios sobre el contrato de las obras del túnel de Glòries, adjudicado durante el mandato de Xavier Trias y salpicado por el caso del 3%. Uno de ellos, elaborado por la Oficina de Transparencia del Ayuntamiento de Barcelona, concluye que hay algunas irregularidades, y el otro, elaborado por la empresa pública Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA), asegura que se ajusta a la realidad. Se da la circunstancia, que los dos estudios han sido encargados por concejalías diferentes: el primero, por|para la tenencia de alcaldía de Jaume Asens, y el segundo, por la concejalía de urbanismo que depende de Janet Sanz.
Los tenientes de alcalde Janet Sanz y Jaume Asens / Foto: ACN
Los dos informes se encargaron después de que en febrero del año pasado, la Guardia Civil realizará registrara las oficinas de BIMSA. Primero, encargó el de la oficina de Transparencia y, una vez acabado este, encargó el de Bimsa, que, curiosamente rebate aspectos a mejorar que señala el primero y destaca que ha habido cambios normativos no vigente en el momento de la adjudicación de la obra, en el 2015.
El informe de la oficina de Transparencia señala aspectos como se inició el expediente de contratación dos meses antes de la aprobación definitiva del proyecto ejecutivo. En cambio, el informe de Bimsa responde que el problema se habría producido si se hubiera adjudicado antes, no se iniciara antes.
El texto de transparencia tira una serie de recomendaciones para mejorar los procesos mientras que los de Bimsa concluye que la actividad de la empresa municipal ha sido "plenamente ajustada a la realidad".
La comisión de investigación suspendida
Estos dos informes, a los que la oposición tuvo acceso ayer por la noche, se tenían que debatir en la comisión de investigación de urbanismo de este miércoles que, finalmente se ha suspendido, por la falta de tiempo para estudiarlos y por la ausencia de dos de los ponentes, de baja por enfermedad.
El concejal del PDeCAT Jordi Martí ha lamentado que se hayan enviado los informes "con tan poca antelación" y ha acusado al gobierno de "no hacer las cosas en condiciones". Con todo, el PDeCAT ha sido el único partido que ha dado apoyo al gobierno municipal en su propuesta de suspender la comisión.
La presidenta del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Carina Mejias, ha pedido al gobierno que diga "toda la verdad". Lo ha acusado de pedir un "contrainforme" en BIMSA porque no "les gusta lo que dice" el estudio hecho por la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas. "Intentan obstaculizar la comisión", ha subrayado Mejías.
El concejal de ERC Jordi Coronas ha acusado al gobierno de haber cometido una "negligencia" porque tenía el informe y no la ha "compartido". Además, ha criticado que uno de los motivos expuestos para suspender el pleno fuera la ausencia de dos de los técnicos que lo han elaborado. "Cuesta entender que cuando hay dos personas de baja no se puedan sustituir", ha dicho.
Por su parte, el concejal del PSC Daniel Mòdol ha criticado que no sea el gobierno quien "explique" los resultados del informe. Mòdol se ha mostrado preocupado para que "haya un informe que desmiente el de la Oficina de Transparencia", ha dicho en referencia al estudio hecho por BIMSA. "No sé si me preocupa más la falta de transparencia del gobierno o la falta de comunicación interna y cabe en el resto de grupos", ha remarcado.
El concejal del PP Xavier Mulleras ha dicho que es "impresentable" lo que ha sucedido a la comisión y ha afirmado que el informe de la Oficina de Transparencia muestra que "los procedimientos de adjudicación de BIMSA estaban llenos de irregularidades".
El consistorio niega irregularidades
La cuarta teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona ha dicho que "ninguno de los informes acredita ninguna irregularidad administrativa que invalide el contrato". Ha remarcado que tampoco determinan que pueda haber una "vinculación penal" entre los hechos descritos a los informes y los que está investigando la Audiencia Nacional por el caso del 3%.
Sanz ha explicado que el retraso al hacer públicos los informes, hecho que supuesto la suspensión de la comisión de investigación, ha sido porque el Ayuntamiento envió el estudio hecho por la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas al juez de la Audiencia Nacional para saber si se podía hacer público "sin problemas". Según ha explicado, el juez tardó dos meses al dar una respuesta.