Después de los últimos casos de discriminación lingüística a la sanidad pública balear, el Govern insular empezará a expedientar los sanitarios que se nieguen a atender en catalán. Así lo ha anunciado recientemente la consellera de Presidència, Mercedes Garrido, después de una reunión entre los socios del ejecutivo.
Garrido ha señalado que la conselleria de Salut investigará mediante expedientes informativos todas las reclamaciones por discriminación lingüística que se notifiquen y que, de ser necesario, se abrirán de disciplinarios. Una medida que forma parte del paquete de "políticas proactivas" en las cuales se han comprometido a llevar a cabo los tres partidos del Govern balear: el PSIB, Més y Unidas Podemos.
Los carteles, en catalán
De esta manera, los socios del ejecutivo también han acordado fijar un protocolo conjunto entre la Oficina de Drets Lingüístics y el Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) para evitar que las denuncias por discriminación lingüística queden en papel mojado. Al mismo tiempo, se nombrará un coordinador que se encargará específicamente de esta tarea.
Además, el Govern balear ha pactado que todos los carteles de los hospitales y los centros de salud estén en catalán el próximo día 1 de octubre como máximo. Igualmente, los partidos han decidido actuar preventivamente en el sentido de fomentar el conocimiento y el uso del catalán en el sistema sanitario.
Episodios de discriminación
Toda una serie de medidas que llegan después de una semana con graves casos de catalanofobia. Por una parte, conocimos el martes pasado la denuncia de un individuo que tuvo problemas para ser atendido en un centro médico de Campos (Mallorca) por el simple hecho de hablar catalán. Por otra, un usuario criticó en las redes que una médico se negó a atender en catalán a su madre en un centro de atención primaria de Palma.
Este caso ha hecho saltar las alarmas dentro del Govern balear hasta el punto que Més forzó una reunión de urgencia entre los partidos del ejecutivo para abordar las diferencias surgidas entre la Direcció General de Política Lingüística y el IB-Salut, sobre todo a causa de la desatención con la cual Salut despachó las denuncias por discriminación lingüística en el sistema sanitario público.
Estas medidas servirán para responder a la catalanofobia que se está viviendo en la sanidad balear, pero quedan lejos de las que había propuesto la Obra Cultural Balear. La entidad había pedido un plan de choque que tenía que incluir, por ejemplo, la aplicación del "principio de oferta activa y que haya un convite explícito a usar la lengua catalana si lo desea el usuario".
De hecho, el OCB se movilizó el viernes pasado para exigir la destitución del responsable de la Conselleria de Salut que había humillado a las víctimas de discriminación lingüística cuando dijo que "se llevan a cabo más de diez millones de actos médicos con interrelación entre profesional y paciente al año y que las 58 denuncias registradas delante de la Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics suponen solo el 0,00058% de estas interrelaciones". Algo que se entendió como un menosprecio del problema y que no gustó nada dentro del catalanismo balear. Hay que recordar que el 40% de las denuncias que recibe la Oficina de Drets Lingüístics afectan a la sanidad.
Imagen principal: Laboratorio del hospital Son Llàtzer de Mallorca / Europa Press