Pocas veces todos los grupos de un parlamento han votado a favor de una iniciativa, y pocas veces hay unanimidad entre todos los políticos. Pero hoy, todos los partidos de las Illes Balears han firmado una declaración institucional presentada por MÉS Menorca para pedir al gobierno español mantener el horario de verano.

Ya hace años que diferentes movimientos sociales piden mantenerlo. Illes amb claror ha sido la plataforma más conocida que ha canalizado la cuestión y en estos últimos años ha sumado muchos apoyos. El argumento para mantener el horario de verano durante todo el año es que las Islas "son las primeras al ver la salida del sol, pero también las primeras al ver cómo se pone".

En la declaración se expone, en más, que la diferencia entre, por ejemplo, lo que tarda Galicia en ver marcharse el sol y las Balears puede llegar a ser de 50 minutos y por eso reclaman un "horario lógico, racional y natural para sacar el máximo beneficio a un recurso tan apreciado".

Decisiones obsoletas

La declaración pretende dejar claro que la propuesta "no tiene que ver con un tema identitario o de diferenciación cultural", sino que el objetivo es "evitar el despilfarro energético y profundizar en la racionalización de horarios". En este sentido, denuncia que el hecho de pertenecer a un huso horario determinado "responde a decisiones políticas de cariz industrial totalmente obsoletas a día de hoy".

Precisamente por eso exponen que "la sociedad moderna, en constante cambio y evolución, necesita que las horas de sol se adapten a su tiempo libre" y aseguran que los beneficios que obtendrían tendrían que ver con diferentes ámbitos como la salud, la familia o las relaciones sociales. "La luz solar es clave para nuestra salud y nuestro estado de ánimo", sentencian.

Industria avisa

Balears "no puede modificar o mantener de forma unilateral el horario". El Ministerio de Industria ha advertido así al gobierno balear que no puede tener todo el año el horario de verano porque esto está regulado a nivel europeo en una directiva de la propia Unión Europea.

Concretamente, aparece en la novena directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión, que se aplica desde 2001 de manera indefinida.

España se incorporó a esta directiva mediante el Real Decreto 236/2002 de 1 de marzo, pero se aplica en diferentes países desde 1981.