El CIE de la Zona Franca es el que tiene más menores, un total de 42. Así lo indica el informe "Discriminación de origen" elaborado por el Servicio Jesuita en Migrantes, que se ha presentado este jueves en Madrid. El equipo detectó 42 en Barcelona, 20 en Madrid, 16 en Valencia y 15 en Algeciras. De esta manera, exponen que un total de 89 menores de edad fueron internados en CIE en 2018, según ha reconocido el Ministerio del Interior. La cifra es notablemente superior a la de 2017, cuando fueron 48. Además, aumentaron el número de solicitudes de protección internacional hasta un total de 1.776, de las cuales el 30,6% fueron admitidas a trámite. La duración de la estancia en los ocho CIE del territorio se redujo ligeramente hasta una media de 26,08 días.
Los equipos del SJM han visitado los CIE de Madrid, Barcelona, Valencia, Algeciras y Tarifa. El propósito principal de las visitas consiste en brindar un espacio de escucha y acompañamiento de la persona en su circunstancia dentro y fuera del CIE, así como observar situaciones de vulnerabilidad y posibles vulneraciones de derechos.
Aumentan las repatriaciones forzadas un 22%
La cifra total de repatriaciones forzosas (suma de expulsiones y devoluciones) ha aumentado en un 22%, hasta 11.384, es decir, se repatriaron más de 31 personas al día durante 2018. Es considerable el aumento de ejecuciones de procesos de devolución (un 33% más que en el 2017). Además, el porcentaje de expulsión y devolución desde CIE aumentó hasta el 58%.
De esta manera, el año 2018 fueron devueltas 7.203 personas y expulsadas 4.181, cosa que implica 11.384 repatriaciones forzadas, 2.058 más que en el 2017. Así como crece poco el número de expulsiones (127) es notable el aumento de devoluciones (1.931). El 47,31% de las expulsiones se produjo por estancia irregular, mientras que el 51,71% de las devoluciones se produjo por entrada ilegal en patera. A lo largo del 2018 fueron internadas 7.855 personas: 7.676 y 179 mujeres. Venían de 90 países diferentes pero destacan a los 2.801 internos de Marruecos (35,66%) y los 2.511 de Argelia (31,99%).
El informe pone de manifiesto preocupación en torno a la falta de detección de personas con perfiles de especial vulnerabilidad y el tratamiento discriminatorio dispensado a las personas de nacionalidad argeliana o marroquí en las comisarías.
Las situaciones de vulnerabilidad y derechos vulnerados durante el internamiento están conectados, asegura el informe. Las tareas de observación crítica de los juzgados de control, del Defensor del Pueblo y de las organizaciones de la sociedad civil que visitan los CIE señalan campos constantes de mejora de las condiciones de vida y garantía de derechos.
La situación del CIE de Barcelona
El equipo que visitó el CIE de la Zona Franca tomó nota de la vulnerabilidad de los intentos visitados, requieran o no una atención especializada: 92 no contaban con familiares o amigos que los visitaran, 76 sufrían barreras lingüísticas, 18 manifestaban sufrir alguna dolencia física y 4 algún trastorno o enfermedad mental, 9 temían sufrir maltratos de su país de origen, 2 indicaban sentirse vulnerables por razones de identidad de género.
Uno de los campos de observación se refiere a derechos vulnerados durante el internamiento. Como en años anteriores, el principal motivo de queja es la ausencia de intérprete a una lengua que puedan entenderse: afecta a 87 personas, el 39,55% de los casos. Hay otras quejas referidas al derecho a la comunicación: 9 personas manifestaron haber sufrido restricciones a su comunicación telefónica y 2 en su derecho a las visitas de familiares, amigos u ONG. Otros internos manifestaron haber sufrido algún tipo de vulneración de su derecho a la integridad física, psíquica o moral. También se denunciaron agresiones de la policía.
El informe pone de manifiesto que se consolida el uso abusivo del internamiento como herramienta en la lucha contra la inmigración irregular en la frontera sur, pero sigue sin tener un efecto disuasorio, generando en cualquier caso padecimiento. De esta manera, denuncian una reivindicación fundamental: el fin del internamiento y la privación de libertad, el cierre de los CIE y la necesidad de explorar alternativas más humanas que faciliten procesos de integración social.