Barcelona rechaza y condena de manera "rotunda" el ataque a un bus turístico por parte de la organización Arran que tuvo lugar ayer en la Villa Olímpica. Todos los grupos excepto la CUP ―Arran está vinculada― han dado apoyo a una declaración institucional que se ha leído a la comisión de economía y hacienda. El texto rehúsa, también, "todos aquellos actos vandálicos" contra los intereses turísticos de la ciudad. Además, la comisión se ha comprometido a actuar con firmeza y "emprender todas las acciones legales" que estén a su alcance para denunciar los hechos y exigir las responsabilidades.
La moción la ha impulsado el grupo municipal del PDeCAT y ha contado con el apoyo de Barcelona en Comú, ERC, Ciudadanos, PSC, PP y los dos concejales no adscritos; la CUP, por su lado, ha señalado que es una declaración que ni tan siquiera debería "leerse". En un tuit, la formación ha denunciado lo que considera una "criminalización":
La declaración reconoce que la realidad del turismo "es compleja" y que la integración de esta actividad en la ciudad "no está exenta" de problemas. El escrito pone de manifiesto que en los últimos años, "se ha dado alas a discursos que fomentan la turismofobia y el rechazo a todo aquello relacionado con la actividad turística", un fenómeno que ya obligó el verano del año pasado a crear una comisión extraordinaria.
El colectivo Arran irrumpió ayer en un bus turístico en la Villa Olímpica y lo llenó de humo. También colgó una pancarta en la cual se podía leer "Paremos la masificación turística en los Països Catalans". Barcelona no fue el único lugar donde la organización emprendió una acción contra el turismo, también lo hizo en València. También hizo una acción similar en Palma.
El modelo turístico es "insostenible" según Arran
Arran ha emitido un comunicado donde denuncia que el modelo turístico actual "no beneficia a la mayoría de la población" porque está diseñado "únicamente y exclusivamente en base a los intereses económicos de la clase que nos explota". Reconocen que el turismo "genera trabajo" pero que no se puede basar la economía catalana en un sector "finito e insostenible". Denuncian las condiciones laborales de las personas que trabajan que cobran "trabajos en negro, jornadas infinitas y horas no pagadas" y alerta de un sistema que permite a los propietarios cobrar "cada vez más dinero por las viviendas que alquilan".
Entre las medidas que proponen hay la de parar las licencias para hoteles y empresas vinculadas al turismo, prohibir plataformas como Airbnb, limitar el número de cruceros y expropiar empresas como Port Aventura, el hotel Vela o el centro comercial Las Arenas.