Barcelona ha reducido en 350 el número de vehículos de turismo en conductor (VTC) con licencia en la ciudad desde comienzos del pasado mes de febrero, cuando entró en vigor la normativa que obliga a contratar estos coches con antelación, y hasta el cierre del pasado mes de abril, según los datos oficiales del Ministerio de Fomento.
A finales de abril, la Ciudad Condal contaba con 1.934 vehículos de VTC enfrente de los 2.284 que sumaba a finales de enero, antes de que el 1 de febrero entrara en vigor el decreto por el cual el Govern de la Generalitat reguló el sector en la comunidad.
Por el contrario, Madrid acumula un crecimiento del 12% en el número de coches que dan servicio en plataformas como Uber y Cabify en lo que va de año, con lo que ya suma 7.375 autorizaciones, más de la mitad del total que se contabilizan en todo el país. Por las calles de la capital ya circula un coche de estas firmas por cada dos taxis. Esta proporción contrasta con la de un VTC por cada treinta taxis que la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) establece para conceder autorizaciones a estos dos transportes urbanos.
Más regulación, menos VTC
Catalunya es una de las cinco comunidades autónomas que ya han aprobado su regulación regional para este negocio, junto con Valencia, Baleares, País Vasco y Aragón. Todas ellas introducen un periodo de antelación para contratar un servicio en coche de VTC, si bien en el resto de las regiones la regulación no ha supuesto variaciones importantes en el número de este tipo de coches. En el caso de Barcelona, esta condición llevó Uber y Cabify a dejar de operar en la ciudad, si bien esta última plataforma volvió a dar servicio.
El conjunto del sector de los VTC consiguió 88 nuevas autorizaciones a en abril y 1.052 al primer cuatrimestre del año, con lo que al cierre de este periodo sumaba 14.177 autorizaciones, según la estadística de Fomento. No obstante, este aumento de licencias de VTC no responde autorizaciones dadas por las administraciones, sino a las resoluciones judiciales que se están fallando fruto del vacío legal que el sector registró entre los años 2009 y 2015.