El juez de instrucción número 1 de Berga ha archivado el caso contra la alcaldesa de Berga, Montserrat Venturós porque no ve delito en colgar la estelada en el balcón del Ayuntamiento durante la campaña electoral. La acusación era porque se consideraba que se estaba incurriendo en un delito electoral.
El Ayuntamiento de Berga tenía la estelada colgada en la fachada a partir de un acuerdo de pleno del 6 de septiembre del 2012 con el compromiso de mantenerla hasta el día de la independencia. Por lo tanto no se retiró durante la campaña de las elecciones generales.
El juez considera que "no puede entenderse que la exhibición en la fachada del Ayuntamiento de Berga de una bandera estelada sea realmente un acto de propaganda". Según la ley, los actos de propaganda se hacen durante uno días concretos para conseguir el voto, y no a la orientación de determinados postulados u orientaciones políticas que puedan ser compartidas por diferentes candidaturas. "La norma contempla sólo como actos de propaganda aquellos que se hagan para captar sufragios por una candidatura que contribuye a unos comicios determinados", remarca al juez.
El magistrado también basa sus argumentos para archivar el caso, en el hecho de que el partido de la alcaldesa, la CUP, no se presentó a los comicios a los que hace referencia la denuncia, "sino que además pidió la abstención, de manera que difícilmente podía entenderse que pretendía favorecer una o varias candidaturas".
El juez tampoco cree que hubiera un delito de desobediencia al negarse a retirar la estelada. Dice el auto: "No consta que haya existido una negativa franca, clara, patente, indudable, indisimulada, evidente o inequívoca de la investigada para retirar la bandera estelada cuando el ayuntamiento de Berga fue requerido, ya que de una parte, el requerimiento no se dirigió personalmente a la alcaldesa, y de otra parte, existió únicamente pasividad de la investigada".
Por este caso, Montserrat Venturós acabó detenida y obligada a comparecer delante al juez. Se había negado a presentarse a la citación en dos ocasiones como muestra de desobediencia, y finalmente el 4 de noviembre del 2016, el juez envió a los Mossos d'Esquadra en casa de la alcaldesa de Berga.