Los expresidentes de Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, respectivamente, han sido recibidos con gritos e insultos por parte de una decena de preferentistas a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional donde hoy arranca el juicio por las tarjetas 'black' y que sienta en el banquillo de los acusados a 65 exaltos cargos de la entidad nacionalizada por el uso que hicieron de las tarjetas opacas.
Los primeros en llegar a la sede del tribunal en San Fernando de Henares han sido el que fuera secretario general de UGT Madrid y consejero de la entidad nacionalizada, José Ricardo Martínez, y uno de los altos cargos de la caja y mano derecha de su expresidente Miguel Blesa, Matías Amat, que han entrado al recinto pasadas las 8.35 de la mañana.
Expectación
Sin embargo ha sido la llegada de Blesa --pasadas las nueve de la mañana-- la que ha suscitado mayor expectación. Una decena de manifestantes preferentistas ha intentado increpar al exalto cargo, que ha llegado acompañado de su abogado, si bien los agentes de la Policía Nacional lo han impedido. La entrada de Rato ha pasado más desapercibida puesto que ha accedido al edificio al mismo tiempo que otros acusados.
Tras él ha llegado el que fuera consejero de la entidad y presidente de la CEIM, Arturo Fernández, también abucheado por los preferentistas, que han proferido frases como 'qué jeta qué jeta los de las tarjetas' o 'qué desgraciados los que roban el dinero a los jubilados'.
El que sí se ha llevado elogios de los manifestantes ha sido el exportavoz de UPyD, Andrés Herzog, que ejerce la acusación popular del caso Bankia a través de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) junto a la Confederación General de Trabajo, mientras que Bankia-BFA, el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) y Tenedora de Acciones SAU (BFA) ejercen la acusación particular.
Dos años de investigación
La vista comienza tras más de dos años de investigación que llevaron al juez instructor del caso, el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, a concluir la existencia de indicios de que los altos cargos -entre ellos representantes políticos y sindicales- de las entidades se gastaron 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012 en gastos personales como joyas, viajes, comida y ocio.
No obstante, solo se juzgará la etapa posterior a 2003 -durante la cual los procesados gastaron 12 millones de euros con las tarjetas- debido a que el resto de la responsabilidad por los gastos ha prescrito y no puede ser juzgada. El juez instructor concluyó que las tarjetas fueron emitidas "sin respaldo contractual alguno", que su uso "no tenía como finalidad gastos de representación" y que, consecuentemente, el dinero debía considerarse como una retribución "irregular".