El nivel de los alumnos catalanes ha retrocedido el equivalente a un curso en comprensión lectoral, matemáticas y ciencias a lo largo de los últimos diez años y se sitúa ya por debajo de la media española y europea. Lo evidencian todos los indicadores, como las pruebas PISA o el último estudio de la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA). La Fundación Bofill lo constata y lo recoge en su anuario de la educación en Catalunya de 2024, presentado este miércoles en rueda de prensa y en el que señala que el porcentaje de alumnos con un nivel bajo ha pasado del 15,4% en el 2003 a un 29,1% en el 2022; casi uno se ha doblado.

Ante esta situación, la Bofill lanza dos propuestas a la comunidad educativa: primero, trabajar las matemáticas en grupos pequeños, de máximo 10 alumnos -máximo 5 en el caso de los centros de máxima complejidad-. Así esperan que haya una personalización de la educación al alumno que permita una atención de calidad. En segundo lugar, impartir cuatro horas de clase de apoyo adicionales a la semana para el alumnado con dificultades y bajo rendimiento, que cifran en 235.000 chicos y chicas al sistema educativo catalán. Para eso, estiman que se tendrían que ampliar las plantillas tanto en la pública como a la privada y concertada con 3.200 nuevos maestros de primaria y 2.400 profesores de secundaria.

La fundación educativa señala que uno de los factores que plantea más retos para el sistema educativo catalán es el amplio número de alumnos recién llegados o de segunda generación, en torno a un 25% del total, con las dificultades socioeconómicas añadidas que presentan en casa -el 52% tienen, delante del 13% de los autóctonos-, que los vierten -tal como se detalla al anuario- con tasas mayores de abandono escolar prematuro -cifrado en un 36%, delante del 10% de alumnado autóctono. Es por este motivo que la Bofill propone ampliar las aulas de acogida a primaria y secundaria para acelerar la integración, aprender la lengua y adquirir los conocimientos básicos que a veces al alumnado recién llegado le falta. Por eso, de acuerdo con la estación que ofrece la Fundació, harían falta 600 tutores más de aulas de acogida en el sistema, que tendrían que cubrir aproximadamente unos 18 alumnos por cada docente.

Las ayudas no llegan a quien lo necesita

Con respecto a las circunstancias socioeconómicas, la Fundación Bofill alerta de que los recursos de compensación y las ayudas no están llegando a quien más lo necesitan. Señalan en este sentido que la distribución de recursos se hace de manera lineal, en base el número de alumnos por centro, y que no atienden las realidades sociales y educativas de cada centro y su entorno. Es para eso que apuestan por una financiación "por fórmula de equidad", de manera que los recursos de compensación vayan a los centros de más complejidad. Por eso instan a desplegar una prueba piloto con 60 centros públicos y privados.

Relacionado con el anterior, si bien la Bofill señala que hay un aumento en los centros de figuras necesarias como psicopedagogos, psicólogos, logopedas, educadores sociales y otros profesionales especializados, la Bofill alerta de que son figuras que no arraigan en el centro, con condiciones de contratación y relación con el centro precarias, que no garantizan el seguimiento necesario al alumnado ni que llegue a todos. La Fundació propone que haya de manera fija al menos cinco figuras en cada centro: dos educadores sociales, un psicólogo, un tutor de acogida y un administrador.

Políticas sociales a donde no llegan las medidas educativas

Aparte de medidas concretas para la educación, la Bofill amplía el enfoque a políticas sociales que ven necesarias para revertir la situación de la escuela catalana, con su amplia complejidad socioeconómica. Instan a un pacto nacional para la universalización de la educación de 1 a 3 años y crear de manera inmediata 20.000 nuevas plazas de I1 e I2. Al respecto, también alertan que el modelo de financiación actual hace que estas oportunidades no lleguen a quien más necesita este refuerzo compensatorio y quien lleva el alumnado a Infantil es sobre todo quien tiene buenas condiciones socioeconómicas. Tan solo el 15% del alumnado de Infantil es de nacionalidad extranjera. Por lo tanto, la Bofill avisa que no cumple como política contra la pobreza, sino como medida para facilitar la conciliación y que las escuelas capten alumnado, tal como ha apuntado la autora del anuario, la catedrática de políticas públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona Margarita León.

La Bofill también pide a las autoridades públicas a universalizar el comedor escolar y apuestan por empezar con una ampliación de 87.000 nuevas becas comedor de manera inmediata, para los alumnos en riesgo de pobreza de infantil, primaria y ESO. También apuestan por lo mismo con respecto a las actividades extraescolares, avanzar hacia la gratuidad. Fuera de las aulas, la Fundación apuesta por acabar con la "anomalía con respecto a Europa" que supone que en Catalunya no haya una prestación universal por hijo y destinar presupuesto a través de la Ley de Barrios para mejorar las oportunidades educativas en entornos vulnerables.