El Tribunal Constitucional iniciará la semana que viene la deliberación sobre la llamada Ley trans, impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero en la anterior legislatura, y, por el momento, el borrador de sentencia avala totalmente la norma. Si dicho proyecto de sentencia finalmente sale adelante, quedaría totalmente amparada constitucionalmente la llamada autodeterminación de género a partir de los 16 años en el Registro Civil, sin necesidad de evaluaciones médicas ni tratamientos hormonales obligatorios. Con todo, se espera un debate "difícil de cerrar" que podría alargarse más de una jornada.
El pleno del TC aborda a partir de este martes el recurso del PP contra la ley "para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI", aprobada en 2023. El borrador de sentencia lo ha elaborado el magistrado Juan Carlos Campo, de la rama progresista y, de hecho, exministro de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez durante un breve periodo de tiempo (2020-2021). El planteamiento de Campo avala en líneas generales la norma, incluidos los aspectos que más polémica han suscitado.
Sin embargo, fuentes del Constitucional han explicado a EFE que el texto de Campo es "solo una propuesta" y avisan que "existe mucha discusión" sobre el tema, al tratarse de una "cuestión compleja y polémica", por las definiciones que hace la ley sobre el sexo y el género y el planteamiento que hace por los derechos de las personas trans e intersexuales. Por ello, se espera que la carpeta sea "difícil de cerrar". En este sentido, cabe señalar como factor clave no solo la brecha que pueda haber entre magistrados conservadores y progresistas, sino también la enorme división que existe dentro del movimiento feminista en torno a la transexualidad. De hecho, las mismas fuentes señalan que existe "tensión" entre la mayoría progresista del tribunal sobre este tema de debate.
Un debate interno en el ala progresista: el feminismo, dividido
Esta tensión, de hecho, ya se pudo advertir en el seno del Ejecutivo de Pedro Sánchez cuando se presentó la ley, entre el PSOE y Podemos y con un debate interno importante de los socialistas. Una rama importante del PSOE, entonces encabezada por la vicepresidenta Carmen Calvo, es proclive a un feminismo que no reconoce a las mujeres transexuales como mujeres. Este conflicto con los socios de coalición pudo ser uno de los factores que precipitaron su salida del Gobierno. En los últimos años, el debate ha sido candente y, desde 2022 la marcha feminista del 8-M ha tenido dos manifestaciones separadas en muchas ocasiones, una pro trans y otra contra las mujeres trans, evidenciando la ruptura.
El PP avisa de un "nuevo sí es sí"
En su recurso, los populares advierten de consecuencias lesivas de la ley, sobre todo poniendo el foco en los menores, y denuncian que la normativa puede ser un "nuevo sí es sí", en referencia a la ley del Ministerio de Igualdad sobre consentimiento cuyo redactado permitió muchas reducciones de condena y puestas en libertad de agresores sexuales. Desde el PP también aseguran que hay países dando marcha atrás a este tipo de normativas que reconocen la autodeterminación de género y argumentan que la autodeterminación de género tan solo con un trámite administrativo puede generar inseguridad jurídica. Vox, por su parte, también presentó recurso contra la ley.