Los abogados de la familia Pujol estudian presentar una querella en la Audiencia Nacional contra los dos policías que supuestamente habrían amenazado a los propietarios de la Banca Privada de Andorra para que les filtraran información de la fortuna de los Pujol, según ha informado fuentes judiciales en El Nacional. Estas amenazas habrían desencadenado la confesión de Jordi Pujol y Soley hace dos veranos sobre la fortuna familiar y la posterior imputación de prácticamente todos sus hijos, él y su mujer.
Andorra sí que ha abierto ya una investigación por las amenazas que denunciaron los principales accionistas del BPA, los hermanos Cierco, la semana pasada, durante su declaración en los juzgados por otro caso. Los propietarios de la Banca Privada de Andorra acusados de un caso de blanqueo de capitales y cobro de comisiones han quedado exculpados finalmente por falta de pruebas, pero todavía hay 24 directivos del banco procesados y camino del juicio. Cuando la jueza de Andorra escuchó la declaración de los hermanos Cierco abrió una nueva pieza para investigar las amenazas.
La información que la Banca Privada de Andorra –con quien la familia Pujol había trabajado durante años– que acabó en manos de la policía española, fue determinante para que en julio del 2014 Jordi Pujol confesara que no tenía su fortuna familiar regularizada. Según el mismo grupo Cierco, accionista mayoritario de la banca "el resultado de los datos que se facilitan es la publicación de una información en un rotativo español que obliga al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol a admitir la existencia de una herencia depositada en el extranjero". En su declaración, los hermanos Cierco también remarcan que BPA no tuvo nunca más de 5 millones de euros de la familia Pujol.
La policía española presionó los Cierco pidiéndoles información sobre los Pujol a cambio de un supuesto trato de favor en la causa abierta sobre el presunto blanqueo de capitales de organizaciones mafiosas y terroristas. Ahora que se está encauzando el proceso, se han procesado 24 directivos y gestores del BPA por cobrar comisiones. Pero no se ha encontrado ninguna prueba para sentar al banquillo de los acusados a los hermanos Cierco, los accionistas mayoritarios.
En Madrid, la Audiencia Nacional no ha movido ficha. Aunque es el tribunal que investiga el caso de la fortuna de los Pujol, no ha abierto de oficio ninguna investigación por aclarar si realmente la policía española amenazó a la banca andorrana para obtener información de Jordi Pujol y forzarlo con hacer público y con regularizar la fortuna familiar desencadenando, también, otro escándalo de corrupción política en medio del proceso independentista.
Ahora, según ha podido saber El Nacional, los abogados de la familia Pujol estudian presentar una querella que se basaría en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Juidicial que juzga presuntos delitos de ciudadanos españoles cometidos en el extranjero. Los letrados dicen que "la decisión todavía no está tomada". Como tampoco lo está si hacen un cambio de estrategia en todo el caso después de las últimas informaciones que llegan de Andorra. Los letrados ya presentaron una querella por revelación de secretos de los directivos de la Banca Privada de Andorra después de que el diario El Mundo publicara una captura de pantalla de un ordenador con los saldos y movimientos de las cuentas de los Pujol. A partir, sin embargo, de la declaración la semana pasada de los banqueros en Andorra, los letrados "explorarán" otra línea de defensa.
Justamente, en declaraciones en El Nacional, el gobierno de la Generalitat cuestionaba el hecho de que sea la justicia andorrana y no la española la que investigue las amenazas. Fuentes del Gobierno "lamenta que tenga que ser la justicia andorrana y no la española la que investigue este tema, ya que precisamente daña la credibilidad de la política y las instituciones del Estado". Fuentes de Presidencia explicaban a este diario que "esta guerra sucia del Estado contra el proceso político catalán es una sospecha general y pública de hace mucho tiempo."
El artículo 23
Aunque el supuesto delito de amenazas por parte de la policía española se haya hecho en territorio andorrano, la ley prevé unos supuestos para poder abrir una investigación a España.
La querella que estudian los abogados de Jordi Pujol Soley está basada en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prevé que se pueden abrir causas por "delitos que se hayan cometido fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables sean españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho". En este caso los denunciados serían los dos policías españoles.
Según el artículo 23 de la ley, para abrir el procedimiento sólo hace falta que los perjudicados o la fiscalía los denuncien. En este caso la querella sería de los perjudicados: la familia Pujol.
La Ley también prevé investigar presuntos delitos de ciudadanos españoles en el extranjero cuando se trate de hechos "perpetrados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos españoles residentes en el extranjero y los delitos contra la Administración Pública española". Este punto daría luz verde a investigar al policía español agente de la embajada que podría acogerse a la inmunidad diplomática.
Los banqueros, a la expectativa
Si la investigación en Andorra prospera y finalmente los abogados de Pujol presentan la querella, las defensas de los directivos de la Banca Privada Andorrana que todavía están inmersos en el proceso judicial se podrían plantear añadirse al caso.
"Si va adelante, nos afecta", dice a El Nacional uno de los abogados de la defensa. El caso de las comisiones y el blanqueo de capitales tiene una doble vía judicial. Uno de los directivos, además, está en la prisión prácticamente desde hace un año por el proceso abierto en Andorra, y hacen responsables a las filtraciones que hubo sobre los datos de los Pujol a raíz de las amenazas. Por eso "nos interesa mucho si quieren investigar o no", dicen los abogados, que ven un hilo para estirar y para replantear su estrategia de defensa.
El caso de la Banca Privada de Andorra tiene un doble camino judicial. Hay un proceso abierto en Andorra y otro en la Audiencia Nacional. A los abogados les "interesa" que se haga lo mismo en España que en Andorra. Hay un proceso paralelo y quieren hacer los mismos pasos en los dos tribunales para simplificar y para ser consecuentes con la defensa.
Admiten que lo que está haciendo la Audiencia Nacional "no es demasiado normal", y se mantienen en la expectativa de los movimientos que hagan los Pujol, ya que eso les da una salida hacia la absolución.