El comisario europeo de Presupuestos, Günther Oettinger, ha advertido que en el próximo marco plurianual de la Unión Europea, que se aplicará del 2021 en el 2027, habrá recortes de gastos y exigencia de más ingresos, para compensar la pérdida de entre 12.000 y 14.000 millones de euros anuales en ingresos por el Brexit. Es el primer marco plurianual que no contará con las aportaciones británicas.

De hecho, todos los programas se verán afectados por recortes presupuestarios excepto el programa Erasmus+ y el programa Horizonte 2020, el plan de la UE para la investigación y el desarrollo. Se estima que la Política Agraria Común (PAC) y la política de cohesión sufrirán recortes de entre el 6 y el 8 por ciento.

Ante esta situación, los países del sur de la Unión han intentado articular políticas comunes con el fin de conseguir unos presupuestos más favorables para sus prioridades. Por eso se han reunido en una cumbre en Roma los jefes de Estado o Gobierno de Francia, Italia, España, Portugal, Grecia, Chipre y Malta.

Los Veintisiete celebrarán un Consejo Europeo informal el 23 de febrero, para empezar a discutir sus prioridades presupuestarias. Los países del sur buscarán la "cogestión y cofinanciamiento de la política migratoria en las fronteras europeas", pero también una estrategia de defensa común "plenamente implementada" y basada en la "financiación conjunta, ambiciones compartidas y una estrategia común".

Los siete países del sur también quieren capacidades de seguridad interior y exterior mejoradas y un plan de inversión permanente, concentrado en la innovación y que impacte en los Estados miembros, especialmente para completar el mercado único, en particular la unión por la innovación, la unión digital, la unión energética y la unión de los mercados de capitales. En este contexto, han abierto la puerta a una "política coordinada de impuestos empresariales", en línea con estándares internacionales, según el texto de la declaración de Roma.

En tercer lugar, apuestan por reforzar la movilidad de los jóvenes y una política europea de educación y cultura más ambiciosa, con instrumentos como el programa Erasmus, la tarjeta de estudiante europea, universidades europeas, reconocimiento mutuo de titulaciones y aprendizaje a lo largo de la vida. Aunque no lo desarrollan, también hablan de "reforzar la ciudadanía europea" y la "integración".

Los siete gobernantes, que han acordado volver a reunirse en marzo, también quieren apostar por la puesta en marcha del pilar europeo de derechos sociales proclamado en la reciente cumbre de Gotemburgo.

En este ámbito, el Gobierno español defenderá que se amplíe el fondo europeo de garantía juvenil "del que España es el primer beneficiario", según avanzó Jorge Toledo, secretario de Estado de Asuntos Europeos en diciembre ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea.

Toledo también apuntó que el Gobierno quiere negociar, como novedad, que el criterio del paro y especialmente el de paro juvenil, sea importante a la hora de asignar fondos, tanto de la política agrícola común como de cohesión.