El exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, su hermano, Francisco Bustos, y el exsecretario de Organización del PSC y exdiputado del Parlament, Daniel Fernández, han pedido al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) no entrar a la prisión por la primera pieza del caso Mercurio que ha ido a juicio y ha acabado en condena. Los Bustos piden la suspensión de la ejecución de pena de prisión que los condenó por tráfico de influencias en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac. La sentencia los condenaba a un año y cuatro meses de prisión y una multa de 60.000 euros, además de la inhabilitación especial para el empleo o cargo público electo por un plazo de cuatro años, seis meses y un día, como autores responsables de un delito de tráfico de influencias.

Alegan "no tener antecedentes penales y la necesidad de prevenir de los efectos nocivos que supone el contacto con la prisión, a efectos de rehabilitación y reinserción", así como fraccionar el pago de las multas, alegando su situación económica.

La sentencia del TSJC dispone que se proceda a la ejecución de la sentencia. Y la plataforma Sabadell Lliure de Corrupción, que actúa de acusación popular, ha solicitado la denegación de la suspensión de pena de prisión argumentando que "no es un derecho del acusado, sino una facultad discrecional del tribunal sancionador, en función de la naturaleza de los delitos". Al mismo tiempo, la plataforma ha indicado que las penas de prisión "tienen una vocación preventiva negativa dirigida a atemorizar estas personas que podrían cometer conductas como las condenadas", así como alguna otra dirigida a personas y cargos públicos, a fin de que ajusten sus actuaciones a criterios políticos basados en la ética y el cumplimiento de la legalidad.

31 piezas

El caso Mercurio tiene 31 piezas y cada una sigue un curso diferente. La primera que se juzgó, la que investigó la colocación a dedo de una técnica de Urbanismo en el Ayuntamiento de Montcada, acabó con condena.

Del caso Mercurio de presunta corrupción urbanística en Sabadell sólo se ha archivado una parte, la que hace referencia a los alcaldes que formaban parte de la Federació de Municipis y que cobraban dietas sin ir a las reuniones indicadas. El juez de la Audiencia la archivó porque considera que el dinero que se pagaba a los cargos públicos no era público. Atribuye que una vez entran en la Federación, aunque vengan de los Ayuntamientos, pasan a ser privados porque la entidad municipalista lo es.

El resto de piezas todas tiran adelante. La última es la que el viernes llevó por sexta vez a Bustos a declarar a los juzgados.