Uno de cada cuatro actos que los Mossos d'Esquadra levantaron por la Ley orgánica 4/2015, conocida popularmente como Ley Mordaza, de seguridad ciudadana, que incluye decenas de artículos y engloba infracciones como la tenencia de armas blancas, manifestaciones no comunicadas, llevar encima droga, etc., se han quedado sin tramitar por parte de Interior y han prescrito durante el 2023. Sin esta tramitación en el tiempo estipulado por la ley, el expediente cae y el ciudadano denunciado por los Mossos queda impune y no tendrá que responder con ninguna sanción o multa.
Los datos concretos, según un informe interno del departamento de Interior al Parlament, al que ha tenido acceso ElNacional.cat, apuntan que durante el año 2023 los Mossos d'Esquadra sancionaron a 41.498 personas por esta ley, por diversas infracciones (muy graves, graves y leves), pero exactamente 10.341 de estas sanciones quedaron sin tramitar. Esto representa un 25%, es decir, una de cada cuatro expiró.
Multas que no llegan
A efectos prácticos, esto significa que una de cada cuatro personas que, por ejemplo, fueron interceptadas por los Mossos con armas blancas y fueron propuestas para una sanción, no recibieron ningún tipo de comunicación por parte de la administración, y nadie gestionó el expediente, por lo que, tras pasar el plazo que prevé la normativa, este prescribió. No es una situación nueva. En 2022 se levantaron unas 38.500 actas también por esta ley, y más de 8.000 prescribieron. Los datos recogidos hasta ahora, hasta el mes de agosto, indican que en este 2024 se han levantado 27.000 sanciones. De estas, hasta ahora, no consta que haya prescrito ninguna.
El departamento de Interior, encabezado por la socialista Núria Parlon, aseguró que reforzaría la plantilla de la Dirección General de Administración de Seguridad (DGAS), organismo público que depende de su consejería y que se encarga de gestionar estos expedientes, para evitar que se repita la situación. En el marco del refuerzo del plan Daga —este fin de semana se ha organizado un dispositivo de máximos en todo el país para combatir el uso de armas blancas—, desde el departamento se aseguró que se incrementaría la capacidad de respuesta de la DGAS para evitar que las sanciones queden en saco roto y que los ciudadanos sancionados queden impunes. Los Mossos han denunciado en varias ocasiones que, si bien los agentes paran, registran y sancionan a personas por un supuesto incumplimiento de esta ley, los expedientes se acumulan en Interior en carpetas y nunca se llegan a tramitar, generando una sensación de impunidad en los ciudadanos.
El mismo informe de Interior asegura que durante el 2023, 1.678 sanciones impuestas se pagaron en el periodo voluntario, un 17% de los expedientes incoados. Los ciudadanos, cuando son notificados de que han sido sancionados, y antes de que se agoten los plazos para hacer alegaciones, pueden pagar, y así lo han hecho estas más de 1.600 personas durante el 2023. En 2022 fueron 4.373, y este 2024, hasta el mes de agosto, solo 28.