El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles el anteproyecto para reformar las leyes de dependencia y discapacidad impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales que dirige el ministro Pablo Bustinduy —de la rama de Sumar del Ejecutivo de coalición—. Según ha explicado Bustinduy tras la reunión del Gobierno, la reforma revierte "los recortes del gobierno del PP", garantiza más derechos y amplía el catálogo de servicios para avanzar hacia un modelo de cuidados que respete las preferencias de las personas y ofrezca atención más personalizada. Como novedades, la norma suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia, expande la ayuda a domicilio a otras tareas como la compra o realizar trámites y reconoce la teleasistencia como un derecho subjetivo para que tenga una cobertura universal y "con un enfoque preventivo". Bustinduy ha reclamado el mismo consenso que permitió la reforma del artículo 49 de la Constitución para que la reforma "vea la luz cuando antes".

Obras de accesibilidad obligatorias

Con la nueva normativa, las comunidades de vecinos tendrán que tramitar las obras de accesibilidad en los edificios —como rampas o ascensores— si lo solicita un vecino, con el apoyo de ayudas y subvenciones. Y se podrá denunciar si no lo hacen. El texto señala que se estima que 100.000 personas están encerradas en sus casas por problemas de accesibilidad.

Se revierten los "recortes" del PP

Se suprime el régimen de incompatibilidades entre prestaciones y se elimina el periodo suspensivo de dos años para prestaciones económicas. Con la reforma, el derecho a esas prestaciones se generará desde la fecha del reconocimiento de la prestación o, si no hay resolución en seis meses, desde ese momento.

Ampliación de servicios existentes

El servicio de ayuda a domicilio se prestará más allá del hogar y también cubrirá actividades del día a día como ir al médico o a hacer la compra. Se amplía también la prestación para cuidados a personas allegadas, atendiendo a las nuevas situaciones de convivencia, como vecinos o amigos, no solo a familiares. El objetivo es equiparar a una amistad como si fuese un familiar, para atender a las "nuevas situaciones de convivencia" y a quienes viven solos. También se elimina limitar la asistencia personal a educación y empleo y se orienta a cualquier edad y a todos las áreas de la vida de la persona. El objetivo agilizar trámites y ampliar las posibilidades de acceso a prestaciones, promoviendo un modelo de cuidados "basado en la voluntad de las personas".

Nuevos servicios

Se añaden tres nuevos servicios: de cuidados y apoyos en vivienda, préstamo o cesión de productos de apoyo como sillas de ruedas o grúas y asistencia personal. Se reconocerá la teleasistencia como derecho subjetivo y mediante tecnologías adaptadas y personal de apoyo. También se desplegará un procedimiento de urgencia en situaciones de especial vulnerabilidad, en la misma línea de la ley ELA, para casos de demencias, violencia de género o precariedad económica.

Más derechos

No se podrá discriminar en la contratación de seguros de salud y vida a las personas con discapacidad. Habrá un reconocimiento automático a cualquier dependiente de una discapacidad del 33% para ahorrar cargas administrativas. La accesibilidad universal será considerada como un derecho que podrá reclamarse ante la justicia y se creará un fondo estatal para promoverla en entornos públicos. Habrá especial protección de los derechos de las mujeres y menores con discapacidad. Se reconoce el derecho a una atención libre de sujeciones, el derecho a la atención sanitaria sea cual sea el lugar de residencia y los derechos de las personas cuidadoras no profesionales. Para el cálculo del copago, no se contabilizará la vivienda propia.

Multas más cuantiosas

Se regula como infracción grave, con multas de entre 600.000 euros y un millón, espectáculos similares al 'bombero torero' y en general, la exposición pública de una persona atendiendo a su discapacidad. A su vez, se supervisará la inteligencia artificial y otras tecnologías para que sean accesibles y para eliminar sesgos discriminatorios.

 

La norma que ha aprobado el Consejo de Ministros afecta a los 1,6 millones de personas atendidas actualmente por el sistema de dependencia. A su vez, unas 270.325 esperan la valoración y la prestación reconocida. La media estatal para recibir la prestación o servicio es de 334 días, si bien en algunas comunidades asciende más de dos años.