El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha enviado este lunes a la cárcel al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, y el presidente de Ausbanc, Luis Pineda. Imputa a Bernad delitos de extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal mientras que a Pineda le atribuye también fraude en las subvenciones, estafa y administración desleal. El magistrado ha decretado su encarcelamiento incondicional y sin fianza.
En cuanto a los otros tres arrestados que han prestado declaración ante este lunes –el responsable de comunicación Javier Castro Villacañas Pérez, el responsable del Área de Delegaciones de Ausbanc, Ángel Garay y el tesorero de Ausbanc Alfonso Solé– Pedraz ha ordenado que comparezcan cada 15 días en las dependencias judiciales, se les retire su pasaporte y se les prohíba abandonar España.
El Ministerio Público tiene indicios de que todos ellos conformaron desde hace años una trama dedicada a extorsionar a entidades bancarias a cambio de no iniciar acciones legales contra ellas en los tribunales. La operación bautizada como 'Nelson' es fruto de una investigación que arrancó el 23 de febrero del 2015, hace más de un año. Exigían a las entidades sumas de dinero también a cambio de no difundir sobre ellos informaciones negativas.
Uso de las entidades para enriquecimiento personal
En el curso de la instrucción se han podido obtener suficientes indicios de que las personas detenidas utilizaban sus entidades, que supuestamente no tienen ánimo de lucro, para su enriquecimiento personal o el de sus allegados.
Según el fiscal, además de extorsionar a los bancos, obtenían fraudulentamente subvenciones y ofrecían "la retirada de la acción penal en algunos procesos previa exigencia de importantes cantidades de dinero", actividades que desarrollaron de forma organizada y prolongada en el tiempo.
En concreto, existen indicios de que el sindicato Manos Limpias ofreció a La Caixa y el Banco Sabadell retirar la acusación contra la infanta Cristina que ejerce contra ella en el 'Caso Noós' a cambio de cobrar tres millones de euros, han confirmado fuentes de la Audiencia Nacional.