Casi una cuarta parte de los niños catalanes, el 23%, viven en familias que han sido desahuciadas de su casa o están en riesgo de serlo, según la última encuesta de la ONG a Save the Children. Un dato que sube hasta el 37% en el caso de las familias monoparentales. En este informe, la organización analiza la situación de estas familias en cuestiones como la vivienda, el empleo, la alimentación o la educación, con una muestra de 200 familias con 440 niños a cargo. En el caso de Catalunya, la vivienda sigue siendo una de las causas principales de desigualdad y exclusión social, junto con la inflación, el paro, la falta de nivel educativo o el hecho de no cobrar algunas prestaciones sociales, apunta el estudio. Una de cada tres familias encuestadas viven en casas en condiciones inadecuadas, y el 60% no puede mantener el hogar a una temperatura adecuado. Las familias dedican la mitad del gasto familiar a vivienda y eso los obliga a escoger entre comer o pagar el alquiler, señala la ONG.

"Para los niños y niñas, la experiencia traumática de un desahucio puede tener implicaciones sobre su desarrollo, más allá de la vulneración de derechos y la situación de desamparo físico y material que implica", apunta el informe, que señala también los altos grados de paro en Catalunya y un amplio número de personas con un nivel bajo de estudios, cosa que, señalan, propicia también la dificultad para mantener acceder o mantener una vivienda o encontrar trabajos que permitan salir de la pobreza. Una situación que, además, se cronifica y pasa a las siguientes generaciones por la falta de oportunidades. La educación era la base para que los hijos de familias con pocos ingresos pudieran salir de la pobreza, nos referíamos a ella como la clave porque funcionase el llamado ascensor social. No obstante, desde hace años comprobamos que no funciona como tendría que ser. Sin políticas públicas que apuesten decididamente para acabar con las barreras a que impiden romper el círculo de pobreza, seguiremos condenando a niños a esta situación", asegura la ONG.

Inflación: peor alimentación

El aumento del precio de los alimentos entre el 2022 y el 2023 ha supuesto un cambio de hábitos en las familias encuestadas por Save the Children. En el 68% de los casos, todos los miembros han tenido que disminuir el consumo de determinados productos por este motivo. El gasto medio en alimentación de las familias participantes de los programas de Save the Children asciende a 467 euros mensuales, lo que supone que el 47% de sus ingresos les invierten en lo que se denomina "esfuerzo alimentario". El 32% de los niños de las familias entrevistadas en Catalunya no puedan consumir fruta fresca o verduras al menos una vez al día, y que el 26% no tenga acceso a carne, pollo o pescado (o su equivalente vegetariano) al menos tres veces por semana. Por el contrario, la mitad de los niños y adolescentes en estos hogares consumen demasiados productos de bollería industrial, más baratos, pero menos saludables.

Pobreza por los sueldos bajos

Por eso, las familias no pueden hacer frente a todos los costes que implica una crianza digna: casi la mitad vive con menos de 1.000 euros en el mes, por debajo del salario mínimo, a pesar de tener trabajo en muchos casos. Según cálculos de Save the Children, el coste de la crianza en Catalunya en el 2022 por cada hijo ya ascendía por término medio a 819 euros en el mes en el 2022. En este sentido, en materia de alimentación, la ONG reclama revisar el umbral de ingresos para acceder a las becas comedor, igualándolo en el umbral de la pobreza relativa, proporcionar tarjetas monedero para familias en situación de vulnerabilidad, asegurando el acceso a una cesta alimentaria saludable, e invertir en infraestructuras escolares que permitan el acceso al comedor en centros de educación secundaria y de bachillerato.

El IMV, un parche que no cumple: solo llega al 14%

El 40% de las familias encuestadas en Catalunya han solicitado el Ingreso Mínimo Vital (IMV). No obstante, solo un 14% son perceptoras, la tasa más baja de todos los territorios analizados en el ámbito estatal. Hay familias que, a pesar de cumplir los requisitos para solicitar el IMV, no lo pidieron. Este fenómeno afecta en grado más alto a las familias residentes en Catalunya (39%). "Como sociedad, no podemos permitir que el nivel de estudios, empleo o ingresos de los padres determine el cumplimiento de derechos de sus hijos. Todos los niños tienen derecho a una educación, salud, alimentación y bienestar adecuados, independientemente de la familia donde nazcan", afirma la ONG. En este sentido, con respecto a las prestaciones sociales, Save the Children reclama que se implemente un complemento de crianza a la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) para todas aquellas familias en situación de vulnerabilidad y aumentar el umbral de ingresos.

Viviendas de protección oficial y alquiler social

En materia de vivienda, Save the Children propone priorizar el acceso de familias con niños y adolescentes a viviendas de alquiler social mediante la implementación de criterios y reservas para este colectivo en el sistema público de adjudicación de viviendas de protección oficial. También proponen implementar un complemento de vivienda, tomando como ejemplo la renta vasca, para los beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), implementar servicios de mediación y asesoramiento en materia de vivienda en los municipios y/o barrios con las tasas más elevadas de desahucios y establecer fórmulas de bonificación del suministro eléctrico y de acceso automático, con descuentos de hasta el 100% para las familias más necesitadas.