Los seis mossos acusados ​​de homicidio en el caso de la muerte de Andrés Benítez, fallecido en el Raval durante su detención, han aceptado un pacto para evitar el juicio. El acuerdo prevé que los agentes admitan el homicidio doloso de qué se les acusa, por el que deberán estar dos años apartados del cuerpo y hacer cursos de formación. Esto incluye una pena de prisión de menos de dos años que los policías evitarán al no tener antecedentes ninguno de ellos. El acuerdo prevee, también, cinco años sin patrullar por la calle. Asimismo, el pacto incluye el compromiso para cambiar los protocolos de actuación de los Mossos.

Todas las partes se han mostrado de acuerdo con el pacto, incluida la acusación popular liderada por la abogada Laia Serra, que es la misma letrada que lleva el caso Quintana. Ahora bien, según la defensa de algunos de los agentes acusados, hay Mossos a los que les es difícil aceptar que cometieron un homicidio porque "ni siquiera tocaron Benítez". Lo aceptan en solidaridad con sus compañeros, apuntan las mismas fuentes en El Nacional.

En todo caso, el acuerdo evita el juicio y la inhabilitación que pedía en un principio la Fiscalía y la acusación popular, que se ha mantenido en el caso una vez esta mañana el TSJC ha rechazado la expulsión de Serra, tal como habían pedido al resto de partes con el fin de evitar el juicio. Aunque habiendo llegado a un acuerdo, el movimiento judicial que se había hecho pierde totalmente la relevancia.

Con todo, la mañana ha comenzado con la entrada de los mossos acusados ​​en la Audiencia de Barcelona, que no ha podido ser seguida por los medios de comunicación. A las puertas del Palacio de Justicia les esperaba una concentración de rechazo a la actuación policial, donde había Gabriela Serra, diputada de la CUP. Los manifestantes han acabado entrando en la Audiencia de Barcelona, ​​donde han esperado junto con todos los abogados la decisión de los agentes procesados.

Juicio insólito y con polémica

De hecho, el juicio debía ser insólito por la imposibilidad de grabar los acusados ​​mientras declaren. Estaba previsto poder grabar el sonido, pero no la imagen a pesar de que los juicios son públicos y, hasta ahora, la única petición expresa de que se había hecho siempre en la prensa había sido la de no gravar el jurado popular. La Fiscalía habría pedido que sólo se permitiera grabar en imágenes los informes y las conclusiones.

El juicio se tenía que hacer con jurado popular por un homicidio doloso o imprudente con el objetivo de determinar si los mossos, durante la reducción, fueron conscientes de que podían causar la muerte. La fiscalía pedía once años de prisión para seis de los mossos como responsables de la muerte del empresario.

En principio se había de juzgar ocho mozos. A seis de ellos, David Cruz, Joel Navarro, David García, Eduardo Gallardo, Ramón de Dios y Jesús Jamal se les debía imputar un delito de homicidio, uno de lesiones y uno contra la integridad moral, mientras que otros dos mozos, Marco Vargas y Elisenda Gimeno, estaban acusados ​​de obstrucción a la justicia. Todas estas acusaciones han decaído al anularse el juicio.