Nada claro. La abogada del Departamento de Interior que denunció irregularidades en el mantenimiento de los vehículos de Bombers de la Generalitat ha declarado hoy en el juzgado, como testigo, que desconoce si había alguna práctica de corrupción en este contrato ni tampoco ha detallado nada de la supuesta comisión del 2% anotado en su expediente, según fuentes judiciales. Desde hacía más de diez años el Grupo Iturri de Sevilla hacía este servicio, suspendido con el nuevo conseller Joan Ignasi Elena. El juzgado de instrucción 14 de Barcelona abrió en noviembre de 2021 una investigación a raíz de una denuncia de la fiscalía sobre irregularidades en el contrato de mantenimiento de los coches de Bombers de la Generalitat, que el conseller Miquel Sàmper le envió, cuando ya se marchaba del departamento. La primera jueza que era al frente del juzgado permitió la intervención telefónica de responsables públicos, con secreto de sumario, y ahora la nueva magistrada del juzgado, Júlia Tortosa, tendrá que dirigir los interrogatorios. Inicialmente, hay siete cargos investigados de la Dirección General de prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos (DGPEIS) y los delitos, según informa el TSJC son: malversación de fondo público, prevaricación y falsificación de documento público. Hoy también ha declarado como testigo un responsable de los servicios jurídicos de Interior, Francesc Claverol.
Los interrogatorios de los investigados se prevén para medios y finales de febrero. Los principales son: el exdirector del servicio de extinción de incendios, Manel Pardo, cargo que dejó el junio pasado y asumió, Joan Delort. Delort tendrá un abogado de la Generalitat. El gerente de Iturri, Eduardo José Díaz, también está investigado. Los otros investigados de la DGPEIS son: Julio Vázquez, responsable del parque móvil de los Bomberos; Antonio Ramos, subdirector general técnico de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios; Màxim del Valle, responsable del parque móvil, i Martin Hernández, jefe de presupuestos.
¿Una comisión del 2%?
El contrato de mantenimiento de los vehículos de los Bombers de Catalunya hace años que es deficitario y se agota su presupuesto antes de tiempo. Según fuentes judiciales, desde al menos el año 2014 hasta el año pasado se usaba lo que se conoce como mecanismo de reconocimiento extrajudicial de crédito, figura que no está en la ley de contrato, sí en el código civil, que el mismo Govern de la Generalitat aprobaba para ir pagando estas reparaciones. El año pasado, pero la secretaría general de Interior expresó que no quería utilizar más este mecanismo, pero no se rescindió el contrato, así que los servicios se hacían. Entonces el exdirector Pardo fue a explicar a Claverol esta situación, que al final explicó a la abogada que detectó la irregularidad. Según la defensa de Pardo, este le detalló que el contrato arrastraba problemas de gestión del gasto, y que además se incluían unos recargos que ahora eran del 2%, sin embargo, se habían llegado a pagar hasta un 9,5%. Ella interpretó una comisión de corrupción y lo elevó a sus superiores, y el conseller Sàmper, lo derivó en la fiscalía y está al juzgado.
Este dinero, inicialmente no ha ido a parar a los bolsillos de ningún funcionario ni trabajador del departamento, aseguran desde Interior y de fuentes judiciales, después de que no se haya encontrado ninguna prueba en las escuchas telefónicas, hechas en diciembre del año pasado. En la resolución del 22 diciembre pasado, la magistrada deja muy claro que no hay ninguna acción de soborno del Grupo Iturri hacia los investigados de la Dirección general responsable del cuerpo de Bomberos. La instructora asegura: “En ninguno de las comunicaciones intervenidas, de las cinco personas que han conversado sin cautela, no se deriva ningún indicio que hubiera una posible compensación dineraria o de cualquier otra naturaleza por parte de Iturri en favor de los funcionarios implicados.”
Por ahora no se ha dado ninguna cifra de dinero malversado. Y la magistrada tendrá que dirimir si se habían hecho facturas falsas. Algunas fuentes explican que los servicios pagados se hicieron, pero las fechas de las facturas fueron cambiadas o falsas. Al principio, la fiscalía de Anticorrupción de la Audiencia Nacional estudió el caso porque la empresa tiene otros contratos en el Estado español, y al final no vio un vínculo para mantenerlo junto, y de la causa catalana presentó denuncia en los juzgados de Barcelona, que le recayó en el juzgado de instrucción 14 de Barcelona.
La versión de Interior
Sobre el caso en la contratación en Bombers, el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, declaró la semana pasada en el Parlamento: "Hemos actuado desde el minuto cero para cambiar esta dinámica que se alarga desde hace 12 años." El conseller de ERC recordó que el 26 de mayo el nuevo equipo que dirige se incorporó al departamento y que el 3 de junio se iniciaba el proceso de resolución del contrato, con el grupo Iturri. Elena aseguró: "Nos hemos puesto a disposición de la justicia en un proceso que empezó durando el mandato anterior."
Interior detalla que durante el mes de julio, se empieza la redacción del pliego de cláusulas del nuevo contrato de mantenimiento para el año 2022, con una dotación anual de 4,8 millones de euros, un 46% más que la dotación de 2021. El 1 de octubre pasado, se notifica a la empresa Iturri la finalización del contrato y se la requiere a seguir prestando el servicio estrictamente necesario para mantener la operatividad de la flota de vehículos del cuerpo de Bomberos. Se añade que el 20 de octubre se publica el anuncio de la licitación del servicio de mantenimiento para el año 2022, que se prevé que esté adjudicado y en funcionamiento al final del primer trimestre de 2022. A primeros de noviembre, entran en vigor los 4 contratos simplificados tramitados por vía de urgencia, uno de los cuales se adjudica a una empresa diferente de Iturri, por primera vez en los últimos 20 años. También se informa de que durante el mes de diciembre se hace una primera auditoría de la facturación presentada en 2021, con el fin de hacer una verificación de la realización material de las reparaciones y revisiones de vehículos facturadas.
Con estas actuaciones, "está previsto restaurar la normalidad del servicio de mantenimiento en el primer trimestre de 2022, con una dotación presupuestaria suficiente para no volver a caer en insuficiencia de crédito", se indica desde el Departamento de Interior. Aparte, Interior explica que "se están abordando cambios estructurales para corregir en el largo plazo las disfunciones sufridas por este servicio. El objetivo es realizar nuevos pliegos de contratación para licitar el servicio para el año 2023 de acuerdo con el modelo mejorado.
Sindicatos
Por su parte, desde Bombers CCOO expresó su "preocupación" por las informaciones aparecidas, a pesar de añadir que en el cuerpo: "Sus trabajadores y trabajadoras, seguimos actuando con auténtica profesionalidad al margen de los acontecimientos que han salido a la luz." El sindicato exige "una investigación no solamente judicial, sino también de oficio. Y concluye: "Sería muy grave, si finalmente estos hechos fueran ciertos, no solamente en sí mismos, y por eso representaría de mal uso de dinero público, sino también en otra doble vertiente: la de dificultar la prestación de un servicio público esencial en las mejores condiciones y la de un posible riesgo para la seguridad de los trabajadores."