Irídia- Centre por la Defensa de los Derechos Humanos ha interpuesto por primera vez un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra el Estado español porque los juzgados "no han investigado adecuadamente" el caso de un menor agredido por dos vigilantes de seguridad privada en Barcelona, en el 2022; al final absueltos, y después de agotar totas las vías internas del sistema judicial español. El caso del menor, que tenía 16 años, se ha destacado en la presentación del informe anual de Irídia sobre violencias institucional del 2024, este jueves. "El sistema judicial falla en la investigación a agentes de la policía y de la seguridad privada", ha denunciado Anaïs Franquesa, directora de Irídia, y ha exigido más formación y reformas legales para "acabar con la complacencia del Poder Judicial a los cuerpos de seguridad".
Sònia Olivella, abogada y coordinadora de litigios de Irídia, ha detallado que en el 2024 han impulsado 56 litigios de violencia institucional contra agentes y funcionarios de seguridad y ha asegurado: "Los juzgados de instrucción incumplen la diligencia debida cuando se denuncian torturas y maltratos por parte de los cuerpos policiales; no se investiga. Es injusto para las víctimas y arbitraria. La impunidad debilita el Estado de Derecho."
"¡Le estás ahogando!"
La agresión denunciada pasó en la parada de Glorias del metro de Barcelona, el 26 de noviembre de 2022, por la noche. El chico tenía la tarjeta de transportes T-16-, al día, pero como le fallaba al validarla, pasó al lado de su pareja. Un vigilante de Prosegur le recriminó que se colara, y el chico se lo explicó. Discutieron y la pareja marchó fuera de las instalaciones. Allí, uno de los vigilantes se le tiró encima para retenerlo en el suelo, mientras la otra vigilante frenaba a la chica para que no lo ayudara, aunque pudo grabar la acción. "¡Para, le estás ahogando!", grita la chica, en el vídeo. El joven fue golpeado con la porra y también pidió que parara. Los vigilantes avisaron a los Mossos, pero no denunciaron nunca al menor. El chico fue al hospital, que documentó eritemas a manos y piernas y heridas leves en la cara, labio inferior y la frente; y fue tratado por ansiedad ante el episodio vivido.
El abogado Ton Mansilla ha explicado que la titular del juzgado de instrucción 8 de Barcelona tramitó el caso por un delito leve de maltrato, que no permite la instrucción," aunque desde de Irídia se le pidió tres veces cambiar el procedimiento". Ha asegurado que, con el video y el atestado médico, había bastantes indicios para investigar el caso por delito de torturas o trato degradante porque "el vigilante de seguridad, de manera deliberada, le infligió sufrimientos físicos y mentales con la clara intención de castigarle por la discusión que habían mantenido en el interior de la estación".
Después del juicio, la magistrada absolvió a los vigilantes por falta de investigación, que es lo que reclamaba la entidad. "Vamos al TEDH para reclamar justicia y reparación a la víctima, y también para que se exija la obligación de investigación en los casos de torturas por parte de un agente privado, ya que no hay ningún precedente", ha detallado Mansilla.
Medio centenar de personas, víctimas
En el informe, Irídia detalla que el año pasado atendió 49 casos de violencia institucional: 28 corresponden a actuaciones policiales o de seguridad privada al espacio público; 5 a denuncias de vulneraciones de derechos a la prisión; 4 a casos en que la persona se encontraba bajo custodia policial; 2 a incidentes en domicilios privados; 7 a situaciones en contexto de protesta; 1 en el CIE y 2 a contextos diversos diferentes de los anteriores. En el 43% de los casos había un componente de racista en la actuación de los agentes.
56 litigios en marcha
Además, durante el año 2024 Irídia ha litigado en un total de 56 casos como acusación. En 20 casos por la defensa del espacio de la sociedad civil, como contra el uso del software espía Pegasus en el caso del abogado Andreu Van den Eynde, o la infiltración de agentes de la policía española en asociaciones de la izquierda independentista. También hay 19 causas de cuerpos policiales y de la seguridad privada en el espacio público o en domicilios.
También se informa que el equipo de Irídia ha conseguido la incoación de 3 nuevos procedimientos por maltratos o torturas, con la identificación, en fase de investigación, de los supuestos autores.
Un total de 143 agentes y funcionarios encausados
Además, se destaca que del total 143 agentes o funcionarios investigados por lesiones, maltratos o vejaciones, en causas iniciadas desde el 2017 a la actualidad, hay 40 agentes de los Mossos d'Esquadra, ocho de ellos amnistiados por causas relacionadas con el 1-O. También había 60 agentes de la policía española, de los cuales 46 fueron amnistiados por su actuación el 1-O en los centros de votación y ocho más por| su acción contra un manifestante en el 2019.
El resto de investigados son: 21 agentes de Policías Locales (de los cuales 9 de Cornellà, 5 de Barcelona, 4 de Sabadell, 2 de Sant Boi y 1 de la Bisbal del Empordà); 12 vigilantes de seguridad privada y 10 funcionarios de prisiones.
Cinco años hasta llegar a la sentencia
En la crítica al sistema judicial, las responsables de la entidad también denuncian “la preocupante la lentitud” en la fase de instrucción para la investigación de estos casos, que muchas veces se cierran sin ninguna actuación. En concreto, de los 49 casos, 32 se archivaron, y de estos 24 fueron reabiertos por instancias superiores. Se afirma que la instrucción dura de media unos 3,14 años. Y se destaca que cuando se ha conseguido llegar a juicio, la sentencia no ha llegado hasta 5 años después de los hechos, en 3 ocasiones.
Las responsables de Irídia también han denunciado que, además de un trato preferente a los agentes -a pesar de que "no tienen presunción de veracidad", ha recordado Franquesa-, los jueces son más permisivos con sus instituciones y han puesto el ejemplo de una prisión que hace más de un año que ha sido requerida para que aporte una información al juzgado y no lo hace.
Críticas a la Fiscalía
Finalmente, Irídia ha vuelto a criticar abiertamente el papel de la Fiscalía por no impulsar la investigación de casos denunciados por los ciudadanos. Se detalla que de los 49 litigios penales, “solo en 12 la Fiscalía ha tenido un papel proactivo en la investigación o acusación”, como por ejemplo adherirse a los recursos de la acusación particular, interponer escritos en favor de la investigación o incluso formular acusación en juicio sin haber hecho ninguna actuación durante la fase de instrucción. Por el contrario, se asegura que “en 20 de los 49 litigios, el Ministerio Fiscal ha tenido una postura contraria a la investigación efectiva”.
La entidad también ha criticado que solo una de las forenses del Instituto de Medicina Legal y Forense de Catalunya ha aplicado el protocolo de Estambul contra torturas en los casos de vulneración denunciados el 2024.