"¡En castellano, sinvergüenza!", "¿Prefieres que te hable en catalán o que te dé hora para la vacuna?", "No soy traductor, esto es una comunidad bilingüe y no sois catalanes aquí". Estos son sólo tres ejemplos de los 99 que ha recogido la Plataforma per la Llengua para denunciar el gran número de casos de discriminación lingüística que se han reprimido a lo largo del 2021. Plataforma per la Llengua elabora desde el año 2015 informes anuales de discriminaciones lingüísticas que los hablantes del catalán sufren en manos de las administraciones públicas del estado español. En el informe correspondiente al año 2021 se recogen 99 discriminaciones lingüísticas graves producidas en el contexto de la prestación de un servicio público. Se trata de casos que se han publicado en los medios de comunicación, redes sociales o que los afectados han comunicado directamente a la entidad.
El 2021, un año récord
Según Plataforma per la Llengua, el año 2021 hubo un récord en el número de discriminaciones que llegaron a conocimiento de la entidad. En los años anteriores, había habido una tendencia de crecimiento continuado: habían sido 25 en el 2018, 32 el 2019 y 52 en el 2020. Probablemente, este crecimiento (del 90,4%) se explica sobre todo por el aumento en el uso del servicio de quejas de la entidad por parte de la ciudadanía, ligado al gran crecimiento en la proyección pública de la entidad. Al mismo tiempo, es posible que haya habido un aumento en la conciencia y la militancia lingüística de la población catalanohablante, dado que el problema de la convergencia lingüística al castellano está más presente que nunca en el debate politicosocial. En el siguiente documento se encuentran recogidos todos los casos de discriminación:
Un año más, la Administración General del Estado ha sido la administración que más discriminaciones ha generado, concretamente 49 de las 99 (49,5%). "Eso viene causado por la redacción discriminatoria de las leyes estatales de función pública: aunque todos los trabajadores tienen la obligación de garantizar que los ciudadanos recibirán la atención en la lengua oficial de su preferencia, y aunque las instituciones y los órganos administrativos se tienen que organizar de manera que este derecho quede garantizado, la práctica totalidad de los trabajadores estatales están exentos de un requisito de conocer el catalán", denuncia la Plataforma.
La salud, el ámbito que más discrimina
Por ámbitos específicos, el de la salud fue, con diferencia, el ámbito en que se produjeron más discriminaciones, 39 de 99 (el 39,4%). En segundo lugar, quedaron los cuerpos policiales, prácticamente siempre estatales, con 18 casos (el 18,2%). Los juzgados y registros, un ámbito tradicionalmente muy generador de discriminaciones, tuvieron un papel discreto, con tan sólo 5 (el 5,1%), en consonancia con una tendencia a la baja en los últimos años. Eso indica que posiblemente se ha hecho un esfuerzo para evitar las discriminaciones lingüísticas en este sector, "aunque el judicial sigue siendo un poder muy castellanizado, en parte por el redactado de las leyes (las partes y los testigos pueden expresarse en catalán allí donde es oficial, pero el procedimiento se tiene que hacer en castellano si una parte lo reclama) y en parte por la composición de la judicatura y del funcionariado judicial", concluye la entidad.