La investigación a la incineradora del Besòs por emisiones contaminantes por encima de los límites legados puede acabar en el Tribunal Supremo. La Audiencia de Barcelona ha reabierto la causa, cerrada por un juez de Badalona el mayo pasado. La sección 8.ª de la Audiencia de Barcelona considera que sí que hay indicios que la planta -gestionada por TERSA y que quema basura del área metropolitana- podría haber cometido un delito contra el Medio Ambiente y haber puesto en riesgo la salud de las personas porque habría quemado la basura a una temperatura inferior y no se eliminarían los contaminantes, tal como exige la normativa europea. En la resolución, el tribunal deniega que se hagan más diligencias, ya que la prórroga de la instrucción se acabó el septiembre pasado, y ordena al titular del juzgado de instrucción 5 de Badalona que haga una resolución que "acomode el procedimiento", es decir, que lo envíe a juicio. No será inmediato. Por su parte, la empresa ha asegurado que no ha cometido ninguna irregularidad y que ha encargado estudios que demuestran que "cumple con la legislación aplicable y que no representa un riesgo ni para el medio ambiente ni para la salud del entorno".
En la causa hay dos investigados: el jefe de explotación de la planta, y Eloi Badia, presidente de Tersa al ser el concejal de Medio Ambiente de Barcelona. Actualmente, pero Badia es diputado en el Congreso por los Comunes, y por lo tanto es aforado en el Supremo. El fiscal de delitos contra el Medio Ambiente, Víctor Castells, y el abogado de la entidad Airenet, el penalista Francesc Jufresa, pidieron la reapertura de la investigación de la incineradora del Besòs, y ahora tendrán que decidir si quieren continuar la acusación contra Bahía o no, y pedirle al juez que haga una exposición razonada para elevar el caso al alto tribunal español.
Quemar por debajo de los 850 grados
Precisamente, este martes representantes de la asociación Airenet -que aglutina asociaciones vecinales de Barcelona, Badalona y San Adrià de Besòs- han hecho una rueda de prensa y han celebrado la reapertura de la causa, el 17 de octubre pasado. La presidenta de Airenet, Silvina Frucella, ha asegurado que la empresa pública tenía un "doble sistema" de medición, uno de "real" que contamina y otro que "no es coherente y presenta faltas", según ha informado la ACN."No estamos hablando de equivocaciones", ha indicado Frucella, que ha repasado los argumentos de la Audiencia de Barcelona para revocar la decisión del juzgado de instrucción y ha ordenado que se siga con el procedimiento judicial.
Ciertamente, el juez de instrucción 5 de Badalona cerró la investigación penal a la incineradora con la base de un informe de la Generalitat, que aseguraba que los datos aportados en la investigación eran erróneas y que sus emisiones están en los parámetros legales.
Por el contrario, la sección 8.ª de la Audiencia de Barcelona, en una resolución muy contundente, sostiene que los informes y aclaraciones de agentes de Seprona de la Guardia Civil indican que a la incineradora del Besòs hay "prácticas irregulares". Detallan que hay indicios que la planta ha incinerado por debajo de los 850 grados, hecho que implica que "las dioxinas y los furanos liberados en la combustión superan los límites legales".
La empresa TERSA lo niega
Por su parte, la empresa pública Tersa ha emitido un comunicado, en el cual asegura que la incineradora o planta de valorización energética "dispone de la última tecnología para el correcto control y vigilancia de la seguridad ambiental". Detalla que la instalación cuenta con un sistema de medida en continuo y la remisión de los datos se produce en tiempo real y formato inalterable a través de la XEAC (Red de Emisiones de Atmosféricas de Catalunya), "de forma que se garantiza la plena integridad de la información". Y manifiesta que este sistema de medida está debidamente calibrado y certificado por entidades externas e independientes.
En concreto, el sistema de incineración de la planta ha sido validada por estudios e informes hechos por la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Agencia de Salud Pública de Barcelona, el del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el del Colegio de Ingenieros de Catalunya.