0 pantallas hasta los 6 años y etiquetado advirtiendo de los riesgos para la salud. El comité de 50 expertos nombrados el mes de enero por el Gobierno para analizar el impacto de las tecnologías en los menores y diseñar un plan que los proteja de los riesgos de internet ya ha elaborado una hoja de ruta con las propuestas para proteger la infancia del uso de las pantallas y del entorno digital. El País avanza este martes alguna de las recomendaciones, como no exponer a los menores de 3 años en ningún dispositivo digital y desaconsejar el uso de los móviles para los menos de 6 años o priorizar los teléfonos sin acceso a internet entre los 12 y los 16 años. Además, propone que los dispositivos digitales que se comercialicen en España tengan un etiquetado para advertir los riesgos que comporta su uso para su salud, y de los posibles impactos del acceso a contenidos no apropiados en el desarrollo de los menores. El documento, que tiene casi 250 páginas y analiza varios estudios en los cuales se han basado los expertos para elaborar las 107 propuestas para proteger a los menores, se espera que se apruebe este martes en el Consejo de Ministros.
Limitación de las aplicaciones en educación
Entre las recomendaciones que se incluyen en el informe hay un apartado dedicado a "el acceso progresivo" de los menores a los dispositivos digitales en función de su edad, donde se aconseja limitar el uso en presencia de los menores de 6 años. El objetivo de la medida es "mantener un contacto social, familiar o cuando se determine por resolución judicial". Los expertos indican que en los niños de entre 6 y 12 años tienen que prevalecer las actividades vivenciales, como son las deportivas, y el uso de teléfonos analógicos. En caso de que los adultos decidan facilitar un móvil inteligente, recomiendan utilizar herramientas de control parental para poder monitorizar el tiempo que se dedica y los contenidos que se consumen, así como restringir el acceso a las redes sociales. Las recomendaciones de la OMS son claras: 0 pantallas a los menores de 1 año y un máximo de 1 hora hasta los 5 años.
En relación con la educación, apunta que es necesario realizar una "revisión contrastada de las herramientas y aplicaciones utilizadas para determinar su aportación a la mejora del aprendizaje según criterio científico". Así como la eliminación de juegos de las aplicaciones educativas que están relacionados con "sistemas de gratificación inmediata". Será tarea de los centros educativos, establecer, dentro de su Plan Digital de Centro, las nuevas regulaciones. Actualmente, en más de 1.200 escuelas del Estado español, utilizan aplicaciones como Innovamat, que incluye juegos con estrategias de gratificación inmediata para el aprendizaje de las matemáticas. Los expertos también apuntan a la necesidad de establecer límites a la digitalización de la enseñanza en función de la edad de los niños. Con respecto a la educación infantil, detallan que "no se utilizarán dispositivos digitales individuales, aunque se permitirá el uso de herramientas didácticas colectivas bajo la supervisión adecuada del profesorado, evitando el uso de dispositivos digitales en el tramo de 0 a 3 años". Y en educación primaria —de los 6 a los 12 años— "se priorizará la enseñanza de manera analógica".
Etiquetado con los peligros para la salud
Los expertos también contemplan una serie de medidas para las empresas que comercializan los dispositivos electrónicos, como la inclusión de un etiquetado donde se advierte de los principales peligros que comporta el uso de los dispositivos digitales para la salud. El informe apunta que estas advertencias tendrían que estar redactadas en un lenguaje claro y accesible y tendrían que aparecer a las pantallas a la hora de acceder en determinadas aplicaciones o plataformas en línea, advirtiendo del riesgo para la salud y el tiempo máximo de uso recomendado.
El informe también contempla otras medidas para los fabricantes y productores, como incluir en los nuevos lanzamientos un informe sobre el impacto en los menores y con recomendaciones por edades. También apunta la posibilidad de establecer una configuración desde el "diseño y por defecto" de las medidas protectoras para menores para garantizar "el modo de máxima seguridad", evitando así la publicidad comportamental, el seguimiento en línea y las notificaciones automáticas cuando no exista el consentimiento exigido por la normativa.
Un problema de salud pública
En la vertiente de la salud, los expertos consideran que se tiene que declarar como un problema de salud público, los trastornos y adicciones sin sustancia que se derivan del uso de la tecnología en los menores e instaurar así "medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria, dado que algunos efectos de la tecnología sobre la salud pueden ser reversibles, como el impacto sobre el sueño y la concentración", según estudios en población adolescente. También incorpora el uso de preguntas de cribado sobre hábitos de consumo de tecnología, conductas problemáticas y usos inadecuados de los dispositivos "en todas las consultas de salud a todas las edades". Además, la incorporación de programas de actuación en salud mental que también incluyan el cribado "de depresión, ansiedad y uso de tecnología" en las revisiones de atención primaria de adolescentes.