La anulación de la ley de contención del precio de los alquileres ha indignado al Departament de Drets Socials. La titular de la conselleria, Violant Cervera, ha afirmado este viernes que la sentencia del Tribunal Constitucional, que tumba esta regulación de rentas, supone una "nueva injerencia" de este órgano constitucional. Para Cervera, la resolución "ataca la soberanía del Parlament" y lamenta que "cada vez que intentamos regular aspectos básicos para la vida diaria de las personas, parece que el TC mire con lupa todas las leyes que salen" de la cámara catalana. Para más inri, la consellera de Drets Socials sostiene que el alto tribunal "no tiene la misma vara de medir ante la injerencia constante del Gobierno". En esta línea, ha situado como ejemplos la nueva ley de vivienda estatal o la ley de servicios sociales que también prepara el ejecutivo de Pedro Sánchez. "Son muestras de esta deriva centralizadora", ha criticado.

En paralelo, ha manifestado la consellera Violant Cervera, la sentencia del Constitucional deja "en el limbo" la normativa catalana y que "pone trabas" a la regulación de "aspectos básicos para las personas más vulnerables". La máxima responsable del Departamento de Derechos Sociales considera que, en este contexto, se genera "inseguridad jurídica tanto a la ciudadanía como al sector". Hoy por hoy, Cervera admite que la anulación parcial de la ley de contención de rentas deja "poco margen" a la Generalitat, aunque ha anunciado que quieren estudiar a fondo "la literatura" de la resolución para contemplar las diversas opciones, como pueden ser la inclusión de enmiendas a la actual normativa o bien redactar y aprobar un nuevo texto.

 

En todo caso, Violant Cervera ha instado al Gobierno a regular el precio de los alquileres con la ley que están preparando. La consellera de Drets Socials también se ha pronunciado sobre esta nueva normativa, que este jueves superó el primer trámite en el Congreso de los Diputados. Cervera se ha mostrado crítica con los elementos que han trascendido hasta ahora, porque asegura que esta ley "invade las competencias del Gobierno" —un aspecto que ya puso de relieve el Consejo General del Poder Judicial— y cree que eso se evidencia de la manera que "está escrita ahora, si no cambia en el trámite parlamentario". El hecho más alarmante, para la consellera, es que "se pone en riesgo la legislación catalana de los años 90, como la protección oficial, que no había cuestionado nadie".

El Sindicat de Llogateres convoca manifestación

Los impulsores de la ley en el Parlament —ERC, Junts, la CUP y En Comú Podem— y el Sindicat de Llogateres condenaron de manera unánime el jueves la decisión del Tribunal Constitucional que anulaba los artículos 1, del 6 en el 13, el 15 y el 16.2; así como las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera; la disposición transitoria primera y la final cuarta, letra b; la disposición adicional cuarta y la disposición final tercera de la Ley 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda. En la práctica, supone tumbar la congelación o la bajada de precios de los alquileres en las zonas de "tensión residencial" que afectaban a las ciudades con más de 20.000 habitantes, dejando al margen a los arrendatarios con ingresos inferiores a 2.000 euros al mes. El recurso, que presentó el PP, fue admitido por el Constitucional, que resolvió el jueves que estos artículos invadían competencias estatales.

 

La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, avisaba de que "eso no quedará así" y dejaba bien claro que lo volverán a hacer: "Volveremos a regular los alquileres". También expresó que "las leyes injustas que pretenden expulsarnos sólo tienen una respuesta posible, que es la desobediencia". En una línea prácticamente idéntica incidió el también portavoz Enric Aragonès, que defendía que la normativa catalana ha funcionado, dado que ha comportado una bajada del precio de los alquileres y el número de contratos que se han firmado también se ha visto incrementado. El sindicato ha convocado una manifestación este sábado a las 18 horas en la plaza Sant Jaume para reivindicar que la regulación no se toca.