El titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha archivado la investigación del caso de la chica que perdió el ojo derecho por un impacto de una bala de foam, durante el primer día de la protesta por el encarcelamiento de Pablo Hasél, en febrero de 2021 en Barcelona, al asegurar que los agentes de los Mossos de Esquadra actuaron en legítima defensa, según ha adelantado El Periódico y ha confirmado el gabinete de prensa del TSJC, este viernes. Para el juez, la chica se puso en una zona de peligro, El abogado de la chica, Xavier Muñoz, ha asegurado a ElNacional.cat que, aunque todavía no tienen la resolución par analizarla y valorarla, presentarán recurso de apelación a la Audiencia de Barcelona para que reabra la investigación porque considera que los agentes (ahora hay identificados dos escopeteros y un sargento) tienen que ser juzgados por la vía penal por "su actuación imprudente", ya que -añade- si, como indica al magistrado, se tenían que defender delante de los objetos que les tiraban y tenían mala visibilidad, no tendrían que haber disparado esta arma tan imprecisa.
Si el tribunal no lo comparte y mantiene el archivo del procedimiento penal, el penalista Xavier Muñoz ha indicado que entonces se reclamará por la vía administrativa una indemnización a la Generalitat porque los Mossos no podían disparar por encima de la cintura, como hicieron, y, por lo tanto, el Departament de Interior tendría que asumir esta responsabilidad patrimonial. Por su parte, Sònia Olivella, abogada de Irídia, entidad personada como acusación popular, ha calificado de "muy grave" que la resolución del juez "sea conocida antes por la prensa que por la misma víctima, porque la revictimiza, y las acusaciones". También ha compartido que presentarán recurso a la Audiencia de Barcelona porque "este hecho no puede quedar impune", además de exigir un mecanismo de control externo de la policía catalana
Investigación parada
El magistrado de Barcelona aceptó el mayo de 2022 citar como a investigados a los dos escopeteros que dispararon en el cruce de la calle Bosch y Vía Augusta aquel día, hecho certificado por la División de Asuntos Internos de los Mossos, en su investigación interna aportada al juzgado, a pesar de que no aclara el autor. La Audiencia de Barcelona dio la razón a Irídia, que había que citar como investigado al sargento, que era el máximo responsable en el terreno aquel día. La acusación particular, ejercida por Xavier Muñoz, había denunciado que hacía meses que el caso estaba parado y pedía una resolución que ahora ha llegado en primera instancia.
Foam cuestionado
El centro Irídia pidió en el Parlament la retirada de los proyectiles foam porque, a pesar de lo que decía inicialmente la policía catalana, no es una arma tan precisa y se ha mostrado que causa graves lesiones. Esta vez, la comisión parlamentaria no aprobó su retirada, como hicieron con las balas de goma, después de la grave lesión de Ester Quintana. Con todo, la cámara catalana aprobó que se retiren los proyectiles más lesivos, uno de los cuales hirió a esta chica, ha recordado Olivella.
Precisamente, el Govern aceptó el marzo pasado de indemnizar con unos 69.000 euros a Olga, herida gravemente en la cabeza con un proyectil de foam la noche del 18 de octubre de 2019 en Barcelona. Lo hizo después de que lo aprobara la Comisión jurídica asesora de la Generalitat en un informe, donde asegura que se usó "de forma desproporcionada" el material antidisturbios porque, a pesar de admitir que la ciudad estaba llena de disturbios por protestas contra la sentencia del Supremo a los líderes independentistas, en la zona donde estaba ella, en los Jardinets de Gracia, no había disturbios y desde una de las tres furgonetas policiales que pasaban dispararon tres proyectiles de foam y uno de ellos la hirió gravemente en la cabeza y que le han dejado graves secuelas.
Hay otros dos chicos, representados por Irídia, que ha presentado una reclamación patrimonial a la Generalitat al resultar heridos por los Mossos y todavía no han obtenido una respuesta del Govern.