La Iglesia católica será la encargada de pagar las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales registradas en instituciones religiosas. Así lo ha asegurado este martes el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, después de la reunión semanal del ejecutivo. “No se entendería que no fuera así”, ha dicho en una rueda de prensa donde también ha apuntado que ya se han iniciado conversaciones con el episcopado para asegurar que la institución “sufragio y asuma” el coste de la reparación económica. Según Bolaños, en toda Europa y a los Estados Unidos, las instituciones religiosas han asumido la responsabilidad de compensar “adecuadamente” a las víctimas. La Conferencia Episcopal, por su parte, ha lamentado el tono “condenatorio” y “discriminatorio” del plan.
El Gobierno ha aprobado este martes un plan para indemnizar y acompañar a las víctimas de pederastia a la iglesia, también aquellas afectadas por casos prescritos penalmente. La iniciativa ha detallado Bolaños, quiere dar respuesta al informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la iglesia y se articula en cinco pilares: reconocer y reparar; atender a las víctimas; prevenir; formar y sensibilizar e informar e investigar.
La iniciativa del ejecutivo, que contempla organizar un acto de estado de reconocimiento a las víctimas y la voluntad, prevé también que la responsabilidad civil no prescriba. De hecho, desde la Iglesia católica ya se contemplaba compensar y reconocer a las víctimas de abusos prescritos o con sus responsables muertos. En ojos del ejecutivo, hay que crear un órgano independiente de carácter temporal para la reparación de las víctimas integrado por especialistas.
Críticas desde la CEE
La propuesta del Gobierno llega después de que la semana pasada Bolaños se reuniera con el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Arguello, con quien trató el plan para las víctimas. Una vez hecho público el contenido de la propuesta, desde el episcopado han lanzado este martes una nota de prensa lamentando el planteamiento “condenatorio” y “discriminatorio” del plan del ejecutivo.
“El texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio del Estado. Al centrarse solo en la Iglesia católica, solo aborda una parte del problema. Es un análisis parcial y esconde un problema social de enormes dimensiones”, denuncian a los obispos.
Desde la Conferencia Episcopal aseguran también que ya están ejerciendo buena parte de las líneas de actuación y acompañamiento que defiende al ejecutivo y dicen que el plan deja fuera de las indemnizaciones a las víctimas de abusos que se han producido fuera de la iglesia. “Dejarían fuera de nueve de cada a diez víctimas. La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales”, remarcan.