Cinco activistas del movimiento independentista y anarquista que han sido engañadas en los últimos tres años por el policía infiltrado en el barrio de Sant Andreu en Barcelona, han dado un paso adelante interponiendo una querella por las conductas de este agente, natural de Mallorca y que se hacía llamar Dani Hernández Pons. Este hombre utilizó las relaciones sexoafectivas con las mujeres para introducirse dentro de sus movimientos e incluso con una llegó a tener una relación sentimental que se alargó durante un año. Las mujeres se personan como acusación particular con el apoyo jurídico de Íridia y la CGT, y, concretamente, denuncian al agente por abusos sexuales continuados, delitos de tortura o contra la integridad moral, descubrimiento y revelación de secretos e impedimento del ejercicio de derechos cívicos.
Las mujeres no habrían tenido relaciones con el infiltrado si hubieran sabido que era policía
Según han expresado las dos asociaciones, los hechos son muy graves y resulta inaceptable que un policía encubierto utilice las relaciones sexuales y afectivas para obtener información, como ha hecho en este caso. Por todo ello, uno de los hechos por los cuales denuncian al agente es el de abuso sexual continuado y lo argumentan por el hecho de que las leyes se basan en la idea del consentimiento, muy actual con la ley del solo sí es sí.
En el caso de las chicas que mantuvieron relaciones con el policía infiltrado cuando este se hacía pasar y tenía la personalidad y el aspecto de un activista anarquista, se puede considerar viciado: las mujeres nunca habrían consentido las relaciones si hubieran tenido toda la información sobre su persona: "No hay consentimiento si el agresor crea unas condiciones o se aprovecha de un contexto que, directa o indirectamente, impongan una práctica sexual sin contar con la voluntad de la mujer". "El consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento dado que depende de la libre voluntad de la persona y esta, a su vez, depende de la información de la cual disponga a la persona y de las circunstancias que rodeen aquella interacción sexual concreta. Por lo tanto, la información sobre la persona y sobre el tipo de práctica sexual, son indiscernibles del consentimiento sexual", dice la querella.
Una infiltración sin justificación legal
Las abogadas de Irídia y del sindicato CGT, Sònia Olivella y Laia Serra, que dan apoyo a las mujeres, consideran muy grave que un policía encubierto utilice las relaciones sexoafectivas con activistas para obtener información y apuntalar su identidad encubierta para infiltrarse en el tejido asociativo y sindical. Recuerdan que la infiltración de agentes solo tiene justificación legal cuando se proyecta a la investigación de unos delitos tasados en el marco de la lucha contra el crimen organizado o el terrorismo. Este caso quedaría fuera de este supuesto, ya que el objetivo teórico de la policía era monitorizar los movimientos sociales o desestructurarles, especialmente el movimiento libertario, cosa que supone una grave vulneración de derechos civiles, según la acusación.
Hace meses, ya se pilló un primer policía infiltrado, que también se hacía pasar por mallorquín, pero era nacido en Menorca. Los dos personajes compartían linajes, "Hernández Pons", y cuando se descubrió el primer agente en el mes de junio, desactivaron al segundo policía.