El 23 de julio del año 2007 Barcelona vivió la que es, de momento, el gran apagón eléctrico más importante de la ciudad, pendientes de la resolución de la que en estos momentos afecta a toda Catalunya y el Estado español. Una avería a media mañana en Collblanc comportó el incendio de la subestación del paseo Maragall, dejando la ciudad a oscuras, con unos 300.000 abonados afectados, parte de los cuales no pudieron recuperar el suministro hasta pasadas cincuenta y seis horas. La avería, de hecho, no se resolvió efectivamente hasta al cabo de un par de meses, cuando hubo que renovar varias redes de suministro de la ciudad.
El origen del apagón se encontró en la caída de un cable eléctrico de alta tensión en la subestación eléctrica de Collblanc, que provocó una cadena de averías que comportó finalmente el incendio en Maragall. Para recuperar la subestación de Maragall hubo que efectuar una conexión provisional de alta tensión. Durante aquella jornada, Barcelona se pobló de generadores portátiles, en especial para suministrar electricidad en centros sanitarios y administrativos, así como muchas empresas, incluidas los medios de comunicación. Más de 150 generadores autónomos, situados en las calles de toda la ciudad, conformaron un nuevo escenario urbano que se mantuvo todavía durante unas semanas.
A causa del apagón, el Ayuntamiento de Barcelona, movilizó a ochocientos policías para dirigir el tráfico, ya que buena parte de los semáforos quedaron fuera de servicio. También se destinaron doscientas patrullas de seguridad ciudadana para garantizar la seguridad durante la noche, especialmente en las zonas donde todavía no se había podido restablecer la electricidad. En unas condiciones generales parecidas al apagón de este 28 de abril, los comercios tuvieron que cerrar, siendo uno de los sectores a más perjudicados de la jornada.
Caceroladas e indemnizaciones
Una vez restablecido el servicio llegó la hora de las indemnizaciones, ya que unos 80.000 de los abonados afectados las reclamaron. De hecho, la misma noche del 23 de julio, con más de 100.000 abonados resignados a ir a dormir sin luz, se vivió una cacerolada de protesta. Fecsa-Endesa indemnizó a miles de particulares que presentaron alegaciones y les pagó entre 60 y 300 euros, dependiendo del tiempo durante el cual no tuvieron suministro eléctrico. Además, en julio del 2008, la Generalitat multó a las empresas responsables, Red Eléctrica y Fecsa-Endesa, con once y diez millones de euros respectivamente. Según las sanciones, tanto Fecsa-Endesa, como responsable de la red de distribución, como Red Eléctrica, como responsable de la red de transporte, habían cometido infracciones administrativas "muy graves". Las dos empresas presentaron recurso, pero el Tribunal Supremo confirmó las multas en el 2015. Además, aquella experiencia sirvió para normalizar la existencia de equipos electrógenos autónomos para hacer frente a situaciones de estos tipos.