Una vista judicial sin precedentes y polémica. El primer juicio para revisar una eutanasia aprobada en el Estado español, prevista para este martes en Barcelona, será a puerta cerrada. La titular del juzgado de lo contencioso-administrativo 12 de Barcelona, la magistrada Irene Urbon, ha acordado que la vista no sea pública con el fin de proteger "la intimidad y la salud" de la persona que obtuvo el aval de expertos para una muerte digna y se ha paralizado: una chica de 23 años con lesión medular grave. Su muerte asistida fue concedida y programada el agosto pasado, después de la aprobación de los expertos de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC). No obstante, el padre de la chica, con un letrado de la fundación española Abogados Cristianos, consiguió que el juzgado parara a última hora la eutanasia. Ahora, después de siete meses de recursos, la magistrada, a petición de la Fiscalía, ha citado a declarar a la chica en el juzgado para que exprese su voluntad, a pesar de su difícil situación, ya que tiene una invalidez física reconocida del 74%. Es decir, la chica, que vive en un centro hospitalario y va en silla de ruedas, tendrá que ser acompañada para ir a la Ciutat de la Justicia.
Además, la magistrada ha rechazado todos los recursos de la Generalitat, que es parte demandada en nombre del CGAC, contra el reclamo del padre, del cual sostiene que "no ha aportado ninguna prueba científica". La Generalitat también es crítica con el posicionamiento de la Fiscalía, que además de pedir que declare la chica, ha solicitado que la examinen dos forenses del Instituto de Medicina Legal de Catalunya, los cuales han certificado la gravedad de sus lesiones y que la chica tiene capacidad de decidir, según fuentes judiciales. Ante la negativa, el abogado de la Generalitat ha pedido que declaren en la vista siete de los 12 médicos y especialistas que han examinado a la chica desde el 2022. Todos coinciden en afirmar que en su caso se cumplen los requisitos que exige la ley de eutanasia: que su enfermedad "es incurable" y que la chica tiene capacidad de decidir, a pesar de su enfermedad mental.
Respetar la voluntad de la chica
El caos se ha reabierto porque el padre ha puesto en cuestión la voluntad de su hija y de los expertos de la Comisión, al asegurar que había escrito en un papel que dudaba, y lo aportó al notario. Nada más. Noelia sufrió heridas muy graves y quedó parapléjica en un último intento de suicidio el octubre de 2022. Cuando se estaba recuperando, en distintos hospitales, explicó a los médicos su voluntad de morir. Los profesionales esperaron dos años hasta poner en marcha el procedimiento que marca la ley, cuando observaron la estabilidad de la chica y que su recuperación física ya no podía avanzar y tenía mucho dolor. Fue entrevistada por psicólogos, psiquiatras. Fue al mismo notario, donde había ido su padre, a certificar en una acta notarial su deseo de ser asistida a morir. Los profesionales de la Comisión hicieron que todo el pleno de este organismo analizara su caso, ante su juventud y enfermedad mental. Y finalmente, el 18 de julio de 2024, se aprobó por unanimidad del pleno del CGAC.
Para la Generalitat, el padre de la chica "no está legitimado a influir en un derecho fundamental de una tercera persona", y además —añade— "no alega la vulneración de ningún derecho fundamental propio", solo su oposición al derecho a la autodeterminación del derecho a la propia muerte de su hija. Incluso, el abogado de la Generalitat en su recurso detalla que el juzgado de guardia de Vilanova i la Geltrú descartó la demanda del padre de parar el procedimiento porque la médico forense adscrita al juzgado emitió un informe, el 2 de agosto de 2024 concluyendo —cómo han hecho todos los profesionales— que no presentaba ninguna alteración de sus capacidades cognoscitivas y volitivas.
A pesar de todas estas pruebas, la magistrada de Barcelona admitió la demanda del padre y ahora hará una vista, en que ha aceptado todas las peticiones de la Fiscalía y de la Generalitat, para después resolver si valida o no la muerte asistida de la chica. Sin embargo, su resolución no será firme y tendrá que esperar más.
Dos casos parados
Abogados Cristianos, aunque alerta de que la vista no es pública, ha convocado a la prensa una vez acabe para que su abogado, José María Fernández, haga una valoración públicamente del caso y de su ideología contra el derecho de las personas a tener una muerte digna.
La formación españolista consiguió que otra magistrada de Barcelona parara la muerte asistida aprobada de un hombre, a petición de su padre, también asesorado por Abogados Cristianos. Finalmente, sin embargo, la titular del juzgado de lo contencioso-administrativo 5 de Barcelona, la magistrada, Montserrat Raga, estudiado el caso, aprobó la eutanasia al considerar que la persona "es adulta y tiene plenas facultades para decidir", y añadía que su familia o entorno no pueden atribuirse el derecho sobre la vida de esta persona. La Fiscalía, sin embargo, ha presentado un recurso porque considera que no se puede prohibir a los familiares esta acción judicial, y la causa está pendiente de que la resuelva el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
Un abuso de derecho
En el resto del Estado español, ningún juzgado ha admitido las demandas de esta formación contra una eutanasia validada por expertos. La ley de la Eutanasia entró en vigor en el Estado español, en el 2021, después de una tramitación lenta y bloqueada. La asociación Derecho a Morir Dignamente, que el diciembre pasado cumplió 40 años de existencia, es una de las entidades que ha luchado por conseguir este derecho. Precisamente, la entidad ha criticado abiertamente a la Fiscalía por haber presentado recursos en los dos procedimientos de Barcelona, sobre todo cuando ya tenían el aval de los expertos.
Precisamente, la entidad ha realizado un comunicado, este lunes, en el cual afirma que "la judicialización de resoluciones de la Comisión de Garantía y Evaluación por cuestiones ideológicas podría considerarse incluso un abuso de derecho, ya que podría equivaler a entorpecer de manera fraudulenta la aplicación de una ley". Y añade: "No puede ser que no se tenga en cuenta el derecho personalísimo de Noelia a pedir que se detenga su sufrimiento de manera legal."
Y concluye: "Desde Derecho a Morir Dignamente podemos entender la tristeza y negación de un padre a perder a su hija, pero esta tristeza no puede detener el derecho y la decisión de Noelia a pedir el final de su sufrimiento. Dejar marchar es un acto de amor, difícil, pero necesario si queremos respetar el derecho de las personas a decidir sobre la propia vida."