El Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya (CEESC) ha condenado "el ataque" a los menores migrantes no acompañados (Mena) de Castelldefels el fin de semana pasado. Según ha expresado el colectivo a través de un comunicado, las actitudes "xenófobas explícitas" de los atacantes no se pueden interpretar como unos hechos aislados, dado que "recientemente se vivió una situación similar en otro municipio", en relación a los hechos de Canet de Mar. Así, se trata de un "racismo estructural" que contrasta con el hecho de que la sociedad se ha expresado "de manera clara, masiva y repetida" a favor de la acogida.

Además, la entidad reclama a la DGAIA soluciones a la situación recordando que de hace tiempo denuncian la falta de recursos por hacer frente: "se tiene que apresurar a encuadrar estos hechos en el efectivo y lleno despliegue de la estrategia de país diseñada de manera transversal".

Ninguna referencia a los recursos económicos

Desde el CEESC recuerdan que la sociedad se ha expresado de manera clara, masiva y repetida desde la voluntad solidaria y sensible con estos jóvenes y que, mayoritariamente, "somos contrarios a hechos como los vividos este fin de semana. Queremos acoger y eso sólo será posible si las condiciones y los recursos son los adecuados". De esta manera, recuerdan pero que no se hacía ninguna referencia a los recursos económicos necesarios para llevar a cabo "el despliegue de una estrategia tan ambiciosa como necesaria". Resaltan pero que las peticiones iban más allá y pedían también un compromiso político para buscar alternativas habitacionales adecuadas a los jóvenes o, por ejemplo, para adaptar los servicios que actualmente ya operan en el territorio, dimensionándolos en la medida en que pudieran incluir la atención al colectivo referido.

La respuesta residencial

Una de las cuestiones que critica CEESC es la respuesta residencial que se da al problema, con centros de acogida diseñados como "espacios provisionales". En cambio, la entidad subraya que estos centros se convierten en "el hogar" de los jóvenes que acogen, por lo cual, la provisionalidad no contribuye a hacerles "sentir protegidos".

"No podemos estar de acuerdo en ofrecer las respuestas residenciales -que celebramos- sin los proyectos y los equipos educativos necesarios, o sin tener en cuenta la población de acogida. Para estos jóvenes se trata de su casa, el lugar donde tienen que sentir protegidos. La atención que se les tiene que ofrecer tiene que ser excepcional, porque su situación lo es, y tiene que tener el componente comunitario, un hecho que no surge de manera espontánea", han expuesto.

Por otra parte, a través de este mismo comunicado han detallado que no darán "apoyo al despliegue de una red paralela de protección a niños y jóvenes que no responda a un diseño socioeducativo real, que pasa por la inversión previa y por la garantía de un trabajo comunitario auténtico". Y han puesto énfasis en que tampoco darán apoyo a ningún despliegue de políticas sociales que quiera desarrollarse sin los profesionales adecuados.