Este viernes está programado, por orden judicial, el desalojo del primer vecino del bloque de L'Esquerra de l'Eixample de Barcelona, conocido como Casa Orsola, después de haberse agotado su contrato y que los nuevos propietarios, un fondo de inversión, quieran convertir los pisos en viviendas turísticas. Algunos de los vecinos ya se han marchado y otros, también en pie de guerra, tendrán que hacerlo en nuevas fechas, cuando las órdenes judiciales sean efectivas. Varios colectivos sociales y de izquierda de la ciudad de Barcelona han convocado una manifestación frente al bloque, en la esquina de la calle Calàbria con Consell de Cent, desde las nueve de la mañana para intentar detener esta orden judicial y evitar que el inquilino tenga que dejar el piso después de veinte años residiendo allí. Antes de las ocho de la mañana, un centenar de personas ya estaban frente al bloque y se espera que lleguen más, convocadas por el autodenominado Sindicat de Llogateres, que ha liderado la estrategia mediática para convertir este desalojo de Josep Torrent, el primer vecino afectado por la propiedad, en un bastión en defensa de la vivienda en la capital catalana. Una cincuentena de personas han pasado la noche allí.
Conocidos actores como Enric Auquer, periodistas como Mònica Terribas o Jordi Évole y personas vinculadas a los movimientos en favor de la vivienda han sido la cara visible, los últimos días, de esta protesta que se ha querido enmarcar no solo en la lucha por la vivienda concreta de Torrent y el bloque ahora en manos de un fondo de inversión, sino también como una guerra contra el modelo de ciudad que, según ellos, expulsa a los vecinos del centro con alquileres que no son asumibles, creando un parque de vivienda para expats, personas extranjeras con sueldos mucho más altos que los de la media catalana, que trabajan en empresas que se han deslocalizado a Barcelona y al área metropolitana.
El vecino, que hoy tiene una orden de desalojo, como también el Sindicat de Llogateres, acusa al fondo de inversión que compró la vivienda de no haber renovado los contratos a las personas que viven allí para convertir todo el bloque en pisos de alquiler de lujo. Josep Torrent lo ha dicho en alguna ocasión: no se trata de una persona vulnerable que no puede pagar el alquiler. Él pagaba el alquiler estipulado hasta que la propiedad decidió no renovar el contrato y echarlo. Aseguran que, de alquileres de 800 y 900 euros, ahora el fondo de inversión Lioness Inversions quiere cobrar más de 2.500. Desde la propiedad se asegura que los que lideran la protesta "manipulan" y que también critican la lentitud de los procesos judiciales y la “prolongación ilegal” de la estancia de inquilinos con el contrato finalizado.
Pendientes de la decisión judicial
Si bien este es el primer desalojo de uno de los vecinos de toda la vida del bloque, en noviembre de 2023 ya se desalojó a un joven de 22 años que había ocupado uno de los pisos vacíos. En noviembre de 2023, con un amplio dispositivo de los Mossos d'Esquadra, se desalojó a este ocupante. Ahora, sin embargo, se espera que la presión de esta manifestación evite que la comitiva judicial pueda acceder al inmueble y hacer efectiva la orden de desalojo. Habrá que ver también si el titular del Jutjat de Primera Instància número 8 de Barcelona, quien tiene que hacer efectivo el desalojo, pide a los Mossos que entren sí o sí, o si ve que la presencia de gente en la calle hace imposible hacerlo hoy y decide aplazarlo para más adelante. La hora prevista es a las diez y media. El operativo policial está preparado por si el juez lo pide, si bien es cierto que los mandos, siguiendo la lógica de la proporcionalidad, creen que es mejor hacer el desalojo en otra fecha para evitar un enfrentamiento con los cientos de personas que se espera que se concentren durante toda la mañana frente al bloque.
Además de Torrent, hay cuatro vecinos más que también han ido a juicio y que esperan la resolución judicial, que también irá en la línea del primero, y habrá que ver por cuánto se ordena el desalojo. Los otros vecinos que vieron que no se renovaba su contrato, después de recibir el aviso oficial por burofax, se marcharon del bloque. En la finca también hay ocho inquilinos con rentas antiguas, seis con contratos habituales vigentes, siete contratos de temporada y un piso vacío. Los vecinos con alquileres habituales denuncian que los contratos de temporada triplican los precios y que la propiedad pide “hasta 2.700 euros al mes”.