El Juzgado de Menores de Badajoz ha impuesto la medida de libertad vigilada durante un año a los quince menores de edad responsables de difundir imágenes creadas con inteligencia artificial (IA) de chicas menores desnudas. El tribunal ha considerado a los quince menores responsables de veinte delitos de pornografía infantil y otros tantos contra la integridad moral. La sentencia, dictada de conformidad, recoge como hechos probados que los condenados utilizaron aplicaciones de inteligencia artificial para crear imágenes manipuladas de menores, de manera que, en las caras originales de las chicas, que obtenían de los perfiles de las redes sociales de estas, les superponían las imágenes de otros cuerpos femeninos desnudos. Las víctimas de esta forma de violencia sexual eran niñas de entre 12 y 17 años.

Los menores compartieron las fotografías manipuladas por grupos de WhatsApp con otros compañeros. La investigación se inició el mes de septiembre del 2023, cuando un grupo de madres denunció los hechos después de la difusión a través de las redes sociales de fotomontajes. El caso tuvo una amplia repercusión y abrió un debate sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías entre los menores e incluso una de las madres de las víctimas, Miriam Al Adib, llevó el caso a Bruselas al ser invitada por un eurodiputado miembro del Intergrupo de Derechos de la Infancia del Parlamento Europeo. En el Adib advirtió a los creadores de estas imágenes: "No sois conscientes del daño que habéis hecho ni del delito que es, muy grave".

Más allá de la libertad vigilada

La medida de libertad vigilada durante un año se establece con contenido especialmente orientado a recibir formación afectivo-sexual sobre uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación y sensibilización en materia de igualdad y género, informa EFE.

"Más allá del proceso concreto, estos hechos nos tienen que hacer reflexionar sobre la necesidad de educar en igualdad entre mujeres y hombres", han mantenido desde la Asociación Malvaluna, asesores jurídicos e intermediarios de parte de las familias afectadas. La entidad aboga para "impartir una adecuada educación sexual en los centros de enseñanza" ante el modelo de aprendizaje a través de la pornografía, "que genera más sexismo y violencia". Malvaluna también ha puesto en valor que se haya llegado a un acuerdo con la medida judicial, ya que, además, evitaba que las menores pasaran por un proceso judicial y fuera un "toque atención" para la sociedad.