Siguen llegando los principios de negligencia sobre la gestión del gobierno de Carlos Mazón por la DANA, que ya ha dejado al menos 215 muertos en el País Valencià, y 223 en el conjunto de España. Las malas decisiones que se tomaron en la reunión de la tarde del 29 de octubre —día de la tragedia— donde estaban presentes miembros del gobierno valenciano, los técnicos en emergencias, es de las cosas más criticadas desde hace 14 días. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) advirtió al Gobierno el día de la DANA, a las 19:32 horas, de la "lentitud en la toma de decisiones dentro del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI)". Los integrantes del CECOPI hacía casi 1 hora y media que debatían sobre cómo articular la alerta masiva que ya habían decidido enviar mediante el sistema EsAlert. Según adelanta el diario Levante-EMV, el presidente de la CHJ, Miguel Polo, habló con el secretario de Estado, Hugo Morán, y aparte de hacer un "balance de la situación" también manifestó su preocupación por la "tardanza para la reacción y la ejecución". Un retraso que se alargó más "de lo que se prevé y es deseado".
Versiones contradictorias
A las 18:00 horas del martes 29 de octubre, ya se había puesto sobre la mesa la posibilidad de enviar este mensaje de alerta. Según relata el diario, fue una iniciativa de Polo después del primer receso de la reunión "a causa de la situación de riesgo en la presa de Forata". Incluso, se plantearon la posibilidad de confinar a la población de la provincia de València. Las dudas y la falta de iniciativa hizo que el mensaje se acabara enviando a las 20:12 horas, cuando ya había zonas completamente inundadas.
La reunión empezó a las 17:00 horas, y hasta las 19:30 que llegó el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que tuvo una comida con la periodista Maribel Vilaplana para ofrecerle la dirección de À Punt, estaba capitaneada legalmente por la consellera Salomé Pradas, una de las grandes señaladas de la desastrosa gestión del gobierno valenciano. Según el presidente valenciano, en todo momento estaba en contacto con su ejecutivo presente en la reunión. Sin embargo, la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, intentó contactar con Mazón hasta 4 veces por teléfono. Según aseguró la ministra, —contra quien el PP está concentrando ahora las críticas— "no estaban tomando las decisiones correctas". Las dudas y retrasos en las decisiones se volvió a repetir solo dos días después, durante la reunión con el CECOPI con Pedro Sánchez en l'Eliana, cuando se esperaba un episodio de riesgo similar. "A qué esperamos para enviar el mensaje?", preguntó Sánchez.
Sin embargo, el gobierno de Mazón defiende su gestión y acusa la CHJ de la lentitud en las decisiones y de "tener una actitud pasiva". Aunque, desde primera hora de la mañana, su presidente estuvo en contacto con las alcaldesas de varios municipios como la de Claret. El organismo señala que en el momento que tuvo constancia del crecimiento del barranco, se lo comunicó al CECOPI, "pero no hizo nada con esta información". Además, defienden que antes de la reunión de las 17:00 y con el Poyo en descenso, el sistema automático de información hidrológica envía dos alertas por intensidad de lluvia a Chiva a las autoridades de Protección Civil.
Confinamiento tras la DANA
Entre las opciones que contempló el equipo de emergencias en las horas más críticas de la reunión del CECOPI fue la de confinar en la población de las zonas amenazadas en su casa, además de pedir que se situaran en las partes más altas de viviendas y centros de trabajo, pero finalmente, esta opción se descartó. La posibilidad de confinar en la población se volvió a poner sobre la mesa los días posteriores de la DANA. Ante la avalancha de voluntarios que se lanzó en las calles los días después, llevó al equipo de emergencias plantearse este mecanismo legal para frenar la marea humana y rebajar al máximo la movilidad en las carreteras. Según Levante-EMV, se estudió confinar la población que afectara en toda la provincia, como durante la pandemia de la covid-19, para facilitar los trabajos de rescate y asistencia.
Muchos equipos profesionales se encontraron graves problemas para acceder a zonas por el increíble número de ciudadanos que se volcaron. Por eso se volvió a pensar en medidas de este tipo. El objetivo era vaciar las ciudades y solo permitir el acceso a personal uniformado. Esta medida se volvió a descartar por motivos legales. Cabe recordar que el Constitucional ya declaró ilegal el confinamiento decretado en el primer estado de alarma durante la pandemia.