La Iglesia se pone manos a la obra para afrontar una nueva etapa con la aprobación de un plan de reparación a las víctimas de abusos en el seno de la institución. La estrategia, validada este martes por la Asamblea Extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), establece un sistema de reparación a las víctimas aunque el caso haya prescrito o que el agresor haya muerto y no pueda ser juzgado por la vía civil, penal o canónica. "Hay víctimas que a raíz del paso del tiempo o la muerte de los abusadores se encontraban con la puerta cerrada, hoy lo hemos querido abrir para establecer un sistema de reparación integral", ha celebrado al presidente de la CEE, Luis Argüello, en una comparecencia posterior a la reunión. Eso sí, ha admitido que el cumplimiento del plan está en manos de las diócesis, una condición que el Gobierno ya se olía y que criticó. El plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos sexuales a menores y a personas vulnerables equiparadas en derecho (PRIVA) prevé compensar económicamente a los afectados y ofrecerles acompañamiento técnico, psicológico, médico y espiritual.
El programa ha sido presentado unilateralmente por parte de la Iglesia, un hecho que el mismo Argüello ha destacado como un aspecto positivo. "Asumimos una obligación unilateralmente de mutuo propio. Asumimos la obligación de abrir una puerta. Claro que es unilateral, pero en realidad es un reconocimiento", ha señalado. Con todo, aseguran que ha incorporado la visión de los obispos, las recomendaciones del Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos y las indicaciones del informe del Defensor del Pueblo.
El Gobierno desconfía del plan y exige un sistema de reparación obligatorio
El plan aprobado desencalla el tira y afloja con el Gobierno, que durante meses ha estado en contacto con la institución a través del ministerio de Justicia para negociar un sistema de reparación en casos en que las acciones judiciales han prescrito. En una rueda de prensa celebrada este martes, la portavoz del ejecutivo y ministra de Educación, Pilar Alegría, sin embargo, ha trasladado la preocupación de la Moncloa que el plan no blinde la reparación de todas las víctimas.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ya adelantó después de un encuentro con víctimas de abusos que el plan de reparación tenía que ser "obligatorio", "transparente" y "efectivo". En este sentido, insistió en que el ejecutivo estaría "al lado" de los afectados y que no aceptaría un sistema "unilateral" de la CEE, tal como finalmente se ha presentado. La propuesta del Gobierno era hacer caso a las recomendaciones del Defensor del Pueblo y crear un órgano mixto entre Iglesia y Estado que garantice que la voz de las víctimas se tiene en cuenta.