El Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminado este lunes que el decreto que aprobó el Govern que aplicaba una precontratación de 15 minutos por los vehículos VTC es inconstitucional. Concretamente, cree que el decreto que ha provocado la huida de Uber y Cabify de Barcelona va en contra del derecho a la libertad de empresa.

Esta institución, que depende de la Generalitat, ha hecho hoy público su dictamen sobre el decreto aprobado el mes de enero pasado por la Generalitat después de que el grupo de Ciudadanos en el Parlament solicitara un informe al Consell.

En su informe, que no es vinculante, el Consell señala que el establecimiento de un intervalo mínimo de quince minutos entre la contratación y la prestación efectiva del servicio VTC "vulnera el derecho a la libertad de empresa" del artículo 38 de la Constitución, ya que constituye "una restricción no razonable de este, según los principios de adecuación, necesidad y proporcionalidad."

El Consell también ve inconstitucional que el decreto habilite los entes locales a aumentar el intervalo mínimo de contratación de los servicios, tal como ha hecho el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que mañana aprobará un reglamento que obliga a reservar los VTC con una antelación mínima de una hora.

El decreto ley aprobado por la Generalitat establece una serie de medidas que, en la práctica, limitan la actividad de plataformas como Uber y Cabify, que como protesta ante esta normativa han cesado su actividad en Barcelona.

Además de establecer una precontratación de al menos 15 minutos, el decreto del Govern fija otros condicionantes para los VTC, como que no pueden captar pasaje en la calle ni llevar activada la geolocalización cuando no estén prestando un servicio y tienen que volver a la base después de cada carrera. En su dictamen, el Consell tumba el artículo del reglamento que obliga a una precontratación mínima de quince minutos, al entender que introducir este tiempo de espera "afecta perjudicialmente a la libertad de empresa" por su carácter "preventivo y costoso", a la vez que "no protege ni favorece el interés general de los ciudadanos como potenciales usuarios del servicio".

Considera también que este punto del decreto catalán "dificulta" la operativa los VTC y tiene un "carácter desproporcionado por su elevado grado de potencial perjuicio". Además, esta institución llama la atención a la Generalitat sobre la reclamación económica que pueden impulsar las empresas de VTC, que tienen derecho a ser indemnizadas por el cambio de modelo en el sector.

El Consell de Garanties no es el primer organismo de la Generalitat que cuestiona este decreto ley: semanas atrás lo hizo también la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), que recomendó que el Parlament no convalidara la nueva norma al verla discriminatoria y contraria a la competencia.