El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado la reforma de la ley del aborto que permite a las jóvenes menores de 16 y 17 años interrumpir el embarazo sin consentimiento paterno. Además, la reforma establece que los hospitales públicos sean centros de referencia para esta práctica. El Constitucional ha rechazado el recurso de Vox con los siete votos a favor de la mayoría progresista enfrente de los cuatro de la minoría conservadora, idéntico resultado al de hace justo un año cuando el tribunal avaló la ley de plazos, impulsada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, los magistrados Concepción Espejel, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Ricardo Enríquez, del ala conservadora, han anunciado voto particular en contra de la decisión de la mayoría.

Ley del aborto

Un nuevo varapalo del Constitucional a Vox. Los de Santiago Abascal llevaron la ley al tribunal a considerar que vulnera los principios de libertad, pluralidad y legalidad, y los derechos en la vida, a la igualdad y a la libertad ideológica. El febrero de 2023 el Congreso aprobó definitivamente la reforma que suponía que los menores de 16 y 17 años pudieran decidir sobre el aborto sin necesidad de contar con el permiso de los progenitores. El texto recoge la creación de un registro de objetores de conciencia para el personal sanitario y elimina la obligación de informar la mujer sobre las prestaciones y ayudas de apoyo a la maternidad, así como la eliminación de los tres días de reflexión, y blinda el aborto frente a protocolos antiabortistas como el que propuso Vox en Castilla y León.

Otro de los cambios hace referencia a los comités clínicos de médicos encargados de dirimir la interrupción del embarazo a partir de las 22 semanas de gestación. La nueva ley establece también que los objetores de conciencia que integren el registro de objetor de la interrupción del embarazo, o hayan formado parte en los 3 últimos años, no podrán integrar estos comités. Además, los profesionales sanitarios que estén implicados y rechacen interrumpir un embarazo por razones de conciencia tendrán que indicar su posicionamiento por escrito y con antelación, pero sin que según compilación la normativa esto "pueda menoscabar el derecho humano en la vida, la salud y la libertad de las mujeres que decidan interrumpir su embarazo".