Este sábado hay convocada en Barcelona una nueva manifestación. Esta vez le toca a los sindicatos vinculados a la vivienda, que este jueves han hecho un llamamiento a salir en las calles el 21 de mayo para denunciar la crisis habitacional que se sufre en Catalunya, sobre todo en las grandes ciudades. En una rueda de prensa a pie de calle, han anunciado una movilización que tiene que ser "transversal". De hecho, han sido diversos los sindicatos que han anunciado que se suman a esta manifestación: la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Sindicat de Llogateres, la Comisión Jurídica por el Movimiento de la Vivienda, la Alianza contra la Pobreza Energética, la CGT y la IAC. Se tratará, todo, de denunciar los precios abusivos del alquiler, así como para denunciar que hace falta una ley "que garantice el derecho de la vivienda" a todas las personas y que también sirva para "parar desahucios y acabar con las condenas hipotecarias".
La portavoz de la PAH, Lucía Delgado, ha manifestado que "se tiene que decir basta al rescate de fondos buitres y de bancos, así como dejar miles de personas en las calles" por culpa de los desahucios. Así pues, ha instado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a aprobar una ley de la vivienda que "acabe con la emergencia de la vivienda cronificada que se sufre desde el año 2009". En la misma línea se ha pronunciado sobre el Govern, y ha instado el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a "estar a la altura de la situación" y que haga acciones para sancionar a los grandes propietarios que incumplen la ley de la vivienda. "No nos podemos permitir una ley que evite desahucios pero que no la utilicemos", ha manifestado ante la delegación del Gobierno.
En la misma línea se ha pronunciado Guillem Aragonès del Sindicat de Llogateres, que ha recordado que la ciudadanía ya ha convivido con la crisis de la vivienda "durante más de 10 años". Según él, no es que esta crisis la sufra la gente pobre, sino que los precios de las hipotecas y de los alquileres hacen que la gente empobrezca poco a poco. "No permitiremos que nos lleven a otro ciclo de especulación inmobiliaria", ha añadido Aragonès, que también ha pedido "repartir los beneficios ilegítimos de este atraco".
"Represión policial"
Max Carbonell, representando de la Comisión Jurídica del Movimiento por la Vivienda, ha querido centrar su intervención en la "represión policial" que, según él, se deriva de esta crisis por la vivienda. Ha denunciado que a partir del 2020 el movimiento sindicalista empezó a recibir denuncias por parte de los Mossos d'Esquadra por identificaciones que se habían hecho durante algunos desahucios. Y que eso se ha traducido en "multas que superan los 400.000 euros". "Eso es responsabilidad del Govern de la Generalitat", ha asegurado.