La situación en las residencias de la tercera edad a raíz del coronavirus ha dejado al descubierto un modelo obsoleto y una dejadez de las instituciones hacia estos centros. Pero más allá del modelo, está la gestión de la crisis, que, también, ha sido deficiente y lo muestran los datos de muertes y contagios en las residencias de ancianos. Las familias tienen que gestionar su luto con los trámites para depurar responsabilidades y eso ha generado centenares de denuncias y la investigación por parte de la Fiscalía de casos penales en 93 residencias.

La Coordinadora de Residencias presentó el 3 de mayo una denuncia de 95 familias contra 11 centros a la Fiscalía de Barcelona. En la denuncia se plantean hasta cuatro delitos: omisión del deber de socorro, vulneración del derecho a la asistencia sanitaria, denegación de auxilio y homicidio imprudente.

Los 11 centros a los cuales hace referencia esta denuncia son de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet y L'Hospitalet de Llobregat. Son residencias públicas con gestión pública, públicas con gestión privada, privadas con plazas concertadas y una municipal. En todas ellas, por lo tanto, existe la responsabilidad de las administraciones públicas.

Pero la descripción de los hechos es extensible a todas las residencias en las que ha habido contagios y muertes, y "desgraciadamente eso ha pasado en todas partes", dice la portavoz de la Coordinadora de Residencias, María José Carcelén.

"Alguien ha decidido que el grupo de más edad era un grupo prescindible. Que se les podía dejar morir. ¿Quién será el siguiente grupo? Si dejamos que eso se quede como si no pasara nada... ¿quién tiene derecho a decidir sobre la vida y la muerte? ¿Quién tiene esta potestad para decidir quién de nosotros morirá en la próxima pandemia? ¿Qué grupo sobra en esta sociedad? ¡Es que eso es muy bestia! Ya no es el dolor y la muerte en situaciones indignas, es el trasfondo de todo eso, que es muy grave", denuncia Carcelén.

Una condena a muerte

En la denuncia se relatan los hechos desde el 23 de marzo del 2020, cuando estábamos ya en pleno confinamiento total. Los familiares dejan constancia de los correos electrónicos a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, a la Conselleria de Salut y a la Secretaria d'Afers Socials i Famílies de la necesidad de EPI, test a los trabajadores y residentes para frenar los contagios, así como que se aísle fuera de las residencias en centros medicalizados a las personas mayores con síntomas o positivos.

La denuncia deja patente que no ha habido personal suficiente para atender adecuadamente a los residentes, por el elevado número de bajas médicas a consecuencia de la misma pandemia, pero también porque en demasiados casos existía una falta previa por incumplimiento de las ratios establecidas. Denuncian que las ratios de personal gerocultor y sanitario previstas en la Cartera de Servicios del 2010 por la Generalitat ya eran manifiestamente insuficientes, por el hecho de que en 2020 los residentes tienen un mayor grado de dependencia, consecuencia de las enormes listas de espera para obtener plaza en una residencia pública o concertada.

Según la denuncia presentada en la Fiscalía, hay casos de residentes que han llegado a los hospitales desnutridos y deshidratados, claros ejemplos de maltrato y desatención.

Los familiares se quejan de que se les ha ocultado información, una constante en todos los casos denunciados, y de la falta de derivación a hospitales de algunos de los residentes positivos: "Eso supuso una condena a muerte, porque en las residencias no hay personal sanitario cualificado (médicos y enfermería) en el seguimiento de los problemas de salud las 24 horas del día, ni recursos ni material sanitario propios. Todavía sigue pasando".

No han querido que conocieran qué estaba pasando dentro

Las 95 familias piden en la denuncia que se investigue qué atención han tenido las personas mayores dentro de las residencias, la relación de muertes y quién fue a los hospitales y quién no y que se investigue la "gestión caótica" que ha habido. Una de las quejas de las familias es la absoluta falta de información, "se ha hecho una gestión absolutamente opaca", dice la portavoz de la Coordinadora de las Residencias. Para ellos es la única manera de encontrar a los responsables y que se depuren las responsabilidades.

"El número exacto de gente que se ha muerto prácticamente no te tiene nadie. Una sociedad civilizada no puede permitir que pase eso y mirar hacia otro lado", concluye.

El Govern ya dio la espalda a las familias en julio de 2019

El año 2017 se constituyó la Coordinadora de Residencias para luchar contra la privatización de cinco residencias de Barcelona. "La realidad de las residencias no se ajustaba ni mucho menos a su equipamiento ni al personal que tenía", explica María José Carcelén.

El verano pasado, en julio del 2019, la plataforma que agrupa familias de diferentes centros empezó una línea negociadora con todos los grupos del Parlamentode Catalunya. Fruto de las reuniones sale la propuesta de resolución que incluye la modificación del catálogo de servicios, gestión pública, 24 horas del servicio de enfermería, no perder el derecho de ir al CAP. "Todo el mundo sabía cómo estaba" la situación dentro de las residencias, explica, pero remarca que "no ha habido voluntad de solucionarlo".

Y es que la propuesta de resolución se vota en el pleno del Parlament de Catalunya en julio del 2019, pero no cuenta con el voto a favor de los partidos del Govern, Junts per Catalunya y ERC. ERC ya era la responsable en aquel momento de las residencias de la tercera edad dentro de las competencias del conseller Chakir el Homrani. Sin embargo, se abstuvieron. "No se atreven a votar en contra porque políticamente era poco correcto decir a la ciudadanía que les parecía mal lo que estábamos pidiendo allí y lo que hicieron fue abstenerse", denuncia Carcelén. "No tuvieron la valentía de votar en contra, se lo dijimos", explica la portavoz de la Coordinadora de Residencias.

"Empezamos una recogida de firmas en diciembre porque teníamos claro que no se implantaría nada", explica Carcelén. "Todo el mundo que podía solucionarlo, lo sabía perfectamente", insiste.

En diciembre del 2019 se vuelven a hacer reuniones con todos los grupos para desencallar la propuesta de resolución. "No ha habido en ningún momento voluntad de solucionarlo. Parte del problema y de la falta de atención que han tenido las personas mayores viene de aquí. Que no digan que no lo sabían", dice contundente María José Carcelén.