Sin tregua. El titular del juzgado de instrucción 17 de Barcelona ha asumido la querella interpuesta por el sindicato del Cuerpo Nacional de Policía, Justicia Policial (JUPOL) y por la Asociación de la Guardia Civil, Justicia Civil (JUCIL) contra cuatro representantes del Departamentmde Salut por el supuesto retraso en la vacunación de la Covid-19 a agentes de estos dos cuerpos policiales. Se les imputa  los delitos de prevaricación y contra el derecho de los trabajadores.

El gabinete de prensa del TSJC ha informado hoy de la causa y de que no hay fecha aún de los interrogatorios por parte del magistrado Fernando Luís Criado. Las personas investigadas, citadas en la querella,  son: Carmen Cabezas, actual secretaria de Salud Pública y entonces subdirectora general de Promoción de la Salut; Sara Manjón, directora de Organizaciones y Profesionales del CatSalut; Xavier Rodríguez, director de Servicios del Departamento; y Adrià Comella, director del CatSalut. Esta causa deriva del archivo parcial de la querella por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

El TSJC

En concreto, el marzo pasado, la sala civil y penal del TSJC archivó la querella contra la exconsellera de Salut y actual diputada de ERC Alba Verges presentada por los mismos sindicatos policiales, y con el visto bueno de la fiscalía, por supuestamente haber retrasado la vacunación de la covid-19 a los miembros de la Guardia Civil y de la policía española en Catalunya. Para el alto tribunal catalán, "ni la prevalente posición de Vergés en la estructura jerárquica del Departament de Salut ni la objetiva constatación de una infracción de deber legal pueden ser suficiente para iniciar un proceso penal" si no hay ninguna constatación de una actuación concreta de la exconsellera, y como no se detallaba ninguno, archivó la investigación.

No obstante, el TSJC derivaba a los juzgados de Barcelona la investigación "para aclarar de quien partió la decisión de dejar de vacunar o lo hizo más lentamente a los integrantes de los cuerpos policiales del estado, frente de la vacunación de los Mossos y de las policías locales en Catalunya", y si hubo responsabilidad penal.  Y, citaba la actuación el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, incluido en la querella, y del cual se indica que fue quien interactuó con responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad para coordinar la vacunación. Y por reparto, la querella, sin personas aforadas, ha recaído en el juzgado de instrucción 17 de Barcelona.

Cifras

Antes, el diciembre pasado, la sala contenciosa-administrativa del TSJC consideró que el Departament de Salut había retrasado "injustificadamente" la vacunación de los agentes estatales por detrás de los agentes de los Mossos de Esquadra y policías locales. La Generalitat presentó un recurso al Supremo, pero el alto tribunal español lo rechazó. La sentencia del TSJC tenía en cuenta que "las vacunas en los cuerpos no nacionales empezaron a administrarse el 10 de febrero del 2021", mientras que los agentes de los "cuerpos nacionales" no tuvieron acceso hasta el 12 de marzo. "Es decir, con un mes de diferencia, y a un ritmo, en más, extremadamente lento", decía. Desde Salud se argumentó ciertas disfunciones, como que los responsables policiales no indicaban dónde se tenía que realizar las vacunaciones ni se daban los listados de agentes.

En su resolución, el TSJC hacía referencia a un informe del mismo Departament de Salut, de fecha 25 de abril del 2021, donde se especificaba el estado de vacunación de los diversos cuerpos policiales entre el 24 de marzo y el 22 de abril del 2021. "Las cifras no pueden ser más dispares si nos fijamos en el contraste del origen de los cuerpos: mientras que los no nacionales se mueven en una horquilla del 66,9 al 79,1%, los nacionales tenían un porcentaje del 3,6 y 2,8% el 24 de marzo y del 9,9 y 6,3% el 22 de abril del 2021". En el periodo del 10 de febrero al 27 de abril del 2021, de los cuerpos estatales fueron vacunadas 714 personas. En cambio, en 9 días desde la medida cautelar adoptada en la causa (ordenada por el tribunal), es decir, hasta el 6 de mayo del 2021, se vacunaron 4.806 personas.