Cuatro agentes de los Mossos de Esquadra, que abatieron a seis de los jóvenes integrantes de un grupo terrorista en Barcelona, Cambrils y Subirats, han presentado una demanda contra el Departament de Interior para que los indemnice con un total de 1.214.000 euros por los daños y perjuicios sufridos. Los cuatro agentes fueron considerados víctimas de los atentados del 17-A por la Audiencia Nacional, pero no fijó ninguna responsabilidad del Estado español para indemnizar a los afectados. La ley de reparación integral de las víctimas del terrorismo del 2011, limita y mucho lo que se considera una víctima de atentado, a fin de que el Gobierno no asuma las indemnizaciones que tuvo que hacer por el 11-M. Por eso, los agentes, con el abogado José Antonio Bitos, reclaman esta responsabilidad a la Generalitat apelando "al principio de indemnidad", que obliga a toda administración a indemnizar a sus funcionarios, en este caso agentes de la policía catalana, si padecen daños en acto de servicio.
La reclamación se presentó primero en el Departament de Interior, en diciembre de 2021, cuando Joan Ignasi Elena ya era el conseller. Ante el silencio negativo de la administración, los cuatro agentes, representados por Bitos y el sindicato USPAC, se han visto obligados a presentar la demanda en un juzgado contencioso-administrativo de Barcelona.
Los afectados
Uno de los agentes abatió a Omar Hichamy, cuando la noche y madrugada del 18 de agosto de 2017 salió del vehículo que conducía, que volcó, a la entrada del paseo marítimo de Cambrils, donde hirió de muerte a una mujer. El segundo agente mató a cuatro de los terroristas de Ripoll: Said Alla, Mohammed Alla, Moussa Oukabir y Houssaine Abboyakoub. Este agente recuerda Bitos, ha pasado un periplo judicial con la Generalitat hasta que en septiembre de 2021 el Instituto Nacional de la Seguridad Social lo ha declarado afectado de una incapacidad permanente total para su profesión derivada del acto terrorista. Los otros dos agentes abatieron Younes Abboyakoub, el asesino de la furgoneta de la Rambla, en Subirats, el 21 de agosto de 2017. Todos ellos aportan informes médicos de haber sufrido estrés postraumático.
Razonamiento
El abogado José Antonio Bitos califica de "pírricas" las indemnizaciones fijadas legalmente para las víctimas del terrorismo. Y en el caso de los cuatro agentes que reclaman a la Generalitat, razona que "la actuación de los integrantes de un cuerpo de seguridad está presidida por la confianza a cuya administración depende estatutariamente. La confianza en qué cualquier tipo de daño o perjuicio que pueda sufrir en su actuar, será reparado y amparado por la administración pública". Y concluye: "Son los cuerpos de seguridad quien garantizan el orden democrático en una sociedad, que velan por el respeto de los derechos fundamentales y el ejercicio de las libertades públicas. Estos funcionarios son los que garantizan que pueda existir un estado de derecho, sacrificando en pro de los ciudadanos su integridad física y su vida, si es de menester." Y, por lo tanto, considera es "un principio de lógica elemental" que en el ejercicio de la función pública que tienen encargada "exija la reparación integral de todos los daños, materiales como personales".
Interior
En este sentido, el abogado informa que después de presentar la reclamación por vía administrativa, la Dirección General de la Policía ha dictado la Instrucción 1/2022, de febrero pasado, que reconoce los derechos de los agentes a ser indemnizados por daños y perjuicios sufridos en acto o con ocasión del servicio, a raíz de una sentencia dictada por el Tribunal Supremo que lo aclara.
Sentencia
Los tres terroristas supervivientes, Mohammed Houli, Driss Oukabir y Said bien Iazza, fueron condenados, en mayo del 2021 por la Audiencia Nacional, a las penas de 53 años y medio, 46 años y ocho años de prisión, respectivamente. En la demanda, Bitos destaca que "toda víctima de terrorismo es víctima de una violación de los derechos humanos" y su reparación "no se puede equiparar a ningún otro delito".