La Ley Trans y LGTBI fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio. O al menos esta es la imagen que Pedro Sánchez orquestó calculadamente para que coincidiera con las celebraciones del Orgullo. La ministra de Igualdad, Irene Montero, que hacía años que trabajaba en el borrador de una Ley Trans (y sólo trans) junto con las representantes de organizaciones de este colectivo, declaró que el "histórico" hito ha posicionado España "a la vanguardia de Europa" con respecto a los derechos humanos. Por fin, la ley española se alinea con el precedente europeo y adopta, a pesar de las reticencias del PSOE, el mecanismo de autodeterminación de género. Entre bambalinas, la operación culminó con la expulsión de Carmen Calvo de las negociaciones, entre gritos de 'con Calvo no estamos a salvo' y, escasos días después, también del Gobierno.
A pesar de los clamores de victoria provenientes de Moncloa, las activistas y miembros del colectivo trans no se ven representadas por el Ejecutivo y rechazan la ley. De hecho, gran parte del movimiento piensa que la ley negociada con Montero, que nació con el fin de "saldar la deuda del estado" con el colectivo, ha sido absorbida, manipulada y recortada por parte de los socialistas. Así lo manifiesta la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé, activista histórica y también una de las principales impulsoras de la ley, en declaraciones en ElNacional.cat.
"Nuestro proyecto de Ley Trans constaba de 33 páginas. Esta ley, en lo que se refiere a las pesonas trans, ocupa 3 hojas."
El alud de muestras de rechazo a los recortes de la ley llegó a un punto álgido cuando el PSOE fue expulsado simbólicamente de las celebraciones del Orgullo. Ochenta organizaciones LGTB no invitaron a los socialistas a participar, y durante las manifestaciones recibieron condenas por parte de los asistentes, acusando al partido de transfobia y de aliarse con la extrema derecha.
Mar Cambrollé después de registrar la proposición de Ley Trans en el Congreso de los Diputados / Efe
La no ley
Cambrollé lo tiene claro: el anteproyecto de ley es insuficiente. Según explica, los recortes al borrador original imposibilita que su organización pueda darle apoyo: "Negarnos una ley propia y específica nos parece un acto de violencia por parte del estado a las personas trans". La proposición de ley, que ha sido fusionada (o camuflada) con la otra ley LGTBI, deja atrás, entre otras cosas:
- el reconocimiento jurídico a las personas trans no binarias, que por lo tanto no tendrán su propia 'casilla' en los documentos oficiales;
- el cambio de sexo y nombre registral en los documentos (españoles) de las personas migradas, como la tarjeta de residencia o el permiso de trabajo;
- la autodeterminación de género para los menores de catorce años.
Este último punto preocupa especialmente a Cambrollé por el riesgo tan elevado de violencia y exclusión de las infancias trans. Aunque el anteproyecto reconozca (todavía que no explícitamente) la autodeterminación de género, los menores entre 12 y 14 años tendrán que pedir el aval de un juez para poder cambiar el sexo registral. A ojos de la activista, eso supone "un paso atrás" en los derechos de las personas trans, ya que redirige un trámite puramente administrativo, al ámbito judicial.
Con respecto a este punto, Cambrollé confía que se arreglará: "No sólo nos avala una resolución de Europa (2015). Nos avala una sentencia del Tribunal Constitucional en España. En el 2019, el TC dictaminó que los menores tienen derecho al cambio de nombre y sexo en sus documentos siempre que demuestren madurez y estabilidad".
"En el peor de los casos, si esta ley al final se aprueba con estos supuestos, tendremos que ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a denunciar al estado español por no acatar una sentencia propia del Tribunal Constitucional".
Aun así, Cambrollé encara el proceso de enmiendas a ley con optimismo, y permanece convencida de que los diputados de Junts, ERC y la CUP, que ya votaron a favor de su propuesta de ley, seguirán defendiendo las voces de las personas trans.
En referencia a la propuesta de ley, que fue bloqueada por la abstención del PSOE pero recibió el apoyo de los partidos independentistas, además del PNV, Ciudadanos, Más País, Compromiso y Coalición Canaria, Cambrollé se muestra orgullosa del "gran apoyo político que tenemos. Fue un hecho admirable ver como partidos políticos que pueden estar en las antípodas unos de los otros ideológicamente, pusieron los derechos humanos de las personas trans al frente y votaron a favor del trámite de la ley. Me gusta presumir de que el bloque de los derechos humanos fue más amplio que el bloque de la investidura al presidente".
“Ha sido determinante el gran apoyo desde Catalunya a la Ley Trans”
La activista Mar Cambrollé y la presidenta del Parlament, Laura Borràs / @mhp_LauraBorras vía Twitter
La autodeterminación
El concepto de autodeterminación se encuentra en el centro de la lucha por los derechos trans. De la misma manera que un pueblo tiene el derecho a decidir por sí mismo y labrar su propio futuro según su voluntad, la lógica nos dice que la autodeterminación del individuo es algo inalienable del resto de derechos humanos. Como tal, es la obligación del Estado reconocer la identidad de las personas en toda su pluralidad, y no puede decidir qué identidades son válidas y cuáles no.
Hasta la fecha, las personas trans que quieran modificar el sexo tal como aparece en sus documentos de identificación tienen que cumplir ciertos requisitos: ser mayores de edad, recibir la certificación médica que acredite que la solicitante sufre 'disforia de género' (es decir, no sentirse identificada con el género que se le asignó al nacer), y recibir tratamiento hormonal durante al menos dos años.
Por lo tanto, según la ley vigente, aquellas personas trans que sean menores de edad o que no deseen ser sometidas a tratamiento hormonal no pueden tener su identidad debidamente reconocida por el Estado. En España, las personas trans no pueden ser reconocidas por quien realmente son, y el Estado les impone maneras de 'demostrar' su identidad con trámites médicos y jurídicos.
La autodeterminación de género, es decir, la posibilidad de decidir con un trámite puramente administrativo el sexo registral, ha sido avalada expresamente por la Comisión Europea en el informe publicado en junio del 2020, donde también citan la resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo del 2015 y los Principios de Yogyakarta. A juicio de la UE, la autodeterminación de género es la solución más respetuosa con las personas trans y los derechos humanos. Actualmente, Dinamarca, Malta, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda y Portugal ya aplican este concepto en su sistema legal.
La fobia del PSOE
Ante la actitud de los socialistas, Cambrollé reivindica la autodeterminación y va más allá, defendiendo que el Estado tendría que proteger el derecho a la intimidad: "Nadie puede estar obligado a exponer su intimidad a terceras personas si no quiere. Si tú vas con una acreditación que no se ajusta al sexo social (el cual presentas en el mundo) y al sexo que tú reconoces como propio, te están obligando a que tú públicamente digas 'yo soy trans', y por lo tanto, a revelar tu intimidad".
El caso de la Ley Trans aprobada por el Consejo de Ministros vuelve a retratar la fobia que el PSOE tiene a la autodeterminación, ya que, aunque el mecanismo adoptado a la práctica es el de la libre autodeterminación de género, el texto no menciona la palabra explícitamente.
En relación a eso, y ante el hecho de que uno de los argumentos más sonados del PSOE (sobre todo de la mano de Calvo) para ir contra la ley ha sido la supuesta "inseguridad jurídica" derivada de la autodeterminación, Cambrollé lo ve ridículo: "Nos parece paradójico, sarcástico, que la vicepresidenta en todo momento estuviera hablando de seguridad jurídica, de respetar la constitución, y son los primeros a no respetar una sentencia del TC".
El falso debate
Esta cuestión revela una verdad todavía más preocupante del PSOE: la imagen lo es todo. Si no se puede comunicar fácilmente, directamente no se hace. A pesar de posicionarse claramente en contra de la ley y a pesar de adoptar un discurso transfóbico, Sánchez no decidió apartar a Calvo de las negociaciones de la ley hasta que no se vio arrinconado por el colectivo LGTB, que históricamente ha ido de la mano del partido, o al menos eso es lo que les gusta repetir. Una vez se hizo evidente que la gran mayoría de personas están a favor de la ley (un 96% según una consulta pública del Ministerio de Igualdad), y que la popularidad del PSOE ante el colectivo caía en picado, Sánchez recurrió a la escabechina, su vieja confiable, de Calvo.
No contento con que una ministra de Podemos lo eclipsara con su victoria, el presidente cambió radicalmente de estrategia y pretendió colgarse la medalla de los derechos trans, orquestando el anuncio de la aprobación de la ley que le costó la cabeza a su vicepresidenta a fin de que coincidiera con el día del Orgullo.
"Carmen Calvo ha desangrado su propio partido por la parte LGTB"
Preguntada sobre la estrategia socialista y la tendencia del establishment a engullir los movimientos sociales provenientes de la periferia política, Cambrollé está convencida de que "con nosotros no pasará. Para sorpresa de esta instrumentalización que el poder tiene sobre el movimiento social para poder controlar la disidencia, para controlar la resistencia y la protesta, con nosotros no ha funcionado ni funcionará. Está claro que 'ellos' han mantenido el control del LGTBI a través de organizaciones hegemónicas, que son obedientes a las consignas del poder que les mantiene el estatus."
Todavía más problemático es el discurso utilizado por el PSOE a la hora de hablar de la Ley Trans, digno de estudio por la sutileza con la cual se aísla y demoniza a las personas trans. Aparte de negarse a hacer una ley específica para los derechos trans y no mencionar explícitamente la palabra autodeterminación, los socialistas han caído en la trampa de la metáfora del equilibrio, creando una falsa oposición entre los derechos de las mujeres y los de las personas trans. Después de la aprobación del Consejo de Ministros, el presidente Sánchez tuiteó que hay que "salvaguardar el equilibrio de derechos de las mujeres y de un colectivo tan castigado como es el colectivo trans". Con eso, el líder del gobierno estatal suscribe a la teoría, totalmente infundada, que los derechos trans están de alguna manera en conflicto con la lucha feminista, alimentando indirectamente el discurso de odio hacia el colectivo. ¿"Qué esconde este discurso"? se pregunta Cambrollé.
"Ninguna ampliación de derechos ha supuesto nunca la merma de los derechos de los que ya los disfrutan"
Más allá del lenguaje, la misma Calvo hace meses que se pasea por radios y televisiones, donde la invitan para 'debatir' sobre las personas trans, normalizando así la idea que la identidad, existencia o derechos de las personas trans es una cuestión a 'debatir'. Los derechos de las personas no se debaten, del mismo modo que la mayoría no 'concede' derechos a las minorías, simplemente se reconocen por lo que siempre han sido. Pero es de esta manera tan sutil que la transfobia cala en el imaginario colectivo, bajo el pretexto del 'debate', un elemento instrínseco de una sociedad democrática, qué en la gran mayoría de casos ni siquiera da voz a las personas realmente afectadas.
"Alguna cosa pasa cuando la ultraderecha utiliza los mismos argumentos que el PSOE."
Foto principal: la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé / Sara Brull